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25/06/2018 – El Peruano. /

25/6/2018

El hacinamiento progresivo de los establecimientos penitenciarios constituye un problema agudo de larga data que afronta el Perú y que dificulta, en cierta medida, la resocialización de los reclusos.

Para ponerle coto a esta situación, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de Ley N° 2950/2017-PE, que modifica diversos artículos del Decreto Legislativo N° 1322, que regula la vigilancia electrónica (uso del grillete electrónico), con el propósito de extender su aplicación a otros delitos y escenarios delictivos no contemplados aún en la normatividad vigente. Conforme a esta iniciativa legislativa, la vigilancia electrónica personal procedería -por ejemplo- para las personas comprendidas en el proceso especial de colaboración eficaz y en los casos de delitos imprudentes o culposos. También se aplicaría como mecanismo de monitoreo de la detención domiciliaria, en reemplazo de la custodia policial vigente. Así, si se dispone la detención domiciliaria de un imputado bajo la vigilancia electrónica personal, esta tendría que efectuarse en los lugares donde exista conectividad y esté implementado el servicio a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), conforme a las normas vigentes sobre la materia. Sin embargo, la vigilancia electrónica personal no podría aplicarse -por ejemplo- a los condenados o procesados por feminicidio, sicariato, peculado y cohecho. Tampoco podría aplicarse a los reincidentes o habituales ni a aquellos procesados o condenados por delitos que comprendan actos homicidas, de violencia física, psicológica o contra la libertad sexual que luego de haber accedido por primera vez a este tipo de vigilancia, esta se les haya revocado por incumplir las reglas de conducta impuestas. Además, en las solicitudes de vigilancia electrónica personal que presenten los procesados o condenados por delitos que comprendan actos homicidas, de violencia o contra la libertad sexual, se tendría que señalar domicilio distinto del lugar de residencia de la víctima. La propuesta de reforma legislativa señala, asimismo, que la resolución judicial que disponga la vigilancia electrónica personal deberá precisar la obligación del favorecido con esta medida de someterse a tratamiento psicológico, psiquiátrico o especializado de reeducación de agresores, según corresponda, en caso de delitos que comprendan actos homicidas, de violencia o contra la libertad sexual. El Poder Ejecutivo pretende, entonces, con estas modificaciones y precisiones, optimizar la normativa sobre vigilancia electrónica para que esta regulación contribuya al deshacinamiento progresivo de las cárceles del país, teniendo en cuenta que con los cambios propuestos se evitaría mayores gastos al Estado ante el egreso del nuevo grupo de personas al que se le pretendería habilitar este tipo de vigilancia. En ese sentido, la aprobación del mencionado proyecto de ley resulta fundamental, más aún atendiendo a que compete al Estado garantizar la seguridad de las cárceles y teniendo en cuenta que conforme lo señala el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal la pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora, fines que no podrían cumplirse a cabalidad en establecimientos penitenciarios sobrepoblados o hacinados.

“El Poder Ejecutivo pretende optimizar la normativa sobre vigilancia electrónica para que esta contribuya al deshacinamiento progresivo de las cárceles”.

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