Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del planeta, una riqueza que debería garantizar prosperidad para sus comunidades. Sin embargo, las zonas rurales donde se extrae este crudo enfrentan una realidad radicalmente opuesta. Las regalías petroleras no llegan de forma directa, diferenciada ni proporcional a los pueblos productores, atrapados en un modelo de centralismo asfixiante que concentra toda la riqueza en Caracas, dejando a Zulia, Anzoátegui y Monagas en el abandono.
En décadas pasadas, Venezuela contaba con legislaciones que intentaban distribuir equitativamente los beneficios del petróleo. La Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) obligaba legalmente al poder central a transferir un porcentaje directo de las regalías a los estados y municipios productores, garantizando que esos recursos financiaran escuelas, hospitales y carreteras locales. Este principio de justicia territorial representaba un esfuerzo por asegurar que quienes vivían sobre la riqueza petrolera participaran en sus beneficios. Desafortunadamente, ese modelo fue desmantelado mediante reformas legales y políticas que diluyeron los mecanismos de distribución local.
Actualmente, según la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, el 100 por ciento de las regalías petroleras viaja directamente a las arcas del Fisco Nacional en Caracas, sin que nada permanezca en su origen. Para justificar esta centralización extrema, el Estado creó estructuras como el Consejo Federal de Gobierno y el Fondo de Compensación Interterritorial, que funcionan mediante mecanismos discrecionales controlados desde la capital. El Ejecutivo central asigna fondos directamente a consejos comunales para proyectos específicos, pero estos recursos provienen de una bolsa presupuestaria manejada arbitrariamente desde Caracas, no de una regalía proporcional a la producción local.
Esta estructura perpetúa una trampa institucional fundamental: si una comunidad rural multiplica su producción petrolera, su presupuesto local no aumenta proporcionalmente, sino que sigue dependiendo del filtro y la voluntad política del poder central. El resultado es una de las paradojas más desgarradoras de Venezuela: vivir sobre la mayor riqueza energética del mundo mientras se padece abandono en servicios básicos, infraestructura y desarrollo económico local. Las zonas rurales productoras permanecen atrapadas en una dependencia que las convierte en proveedoras de riqueza sin ser beneficiarias de ella.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
