Lapatilla junio 21 2026, 8:27 amPosteado en: OpiniónCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn La crisis venezolana no es únicamente económica o política; es también, y de manera profunda, una crisis de justicia y de Estado de Derecho. Durante años, los organismos internacionales han documentado de forma consistente la falta de independencia judicial, la ausencia de debido proceso y el uso de los tribunales como instrumentos de poder político. Esa documentación no es opinión: es evidencia acumulada, informe tras informe, por mecanismos que Venezuela suscribió voluntariamente y que hoy ignora con la misma naturalidad con que ignora a sus propios ciudadanos. Sin jueces independientes, los ciudadanos carecen de protección efectiva frente a los abusos del Estado, las detenciones arbitrarias y las violaciones de derechos humanos. Y la falta de cumplimiento de las decisiones de los organismos internacionales no es un detalle técnico: es una señal clara de debilidad institucional y un mensaje explícito de impunidad, dirigido tanto hacia adentro como hacia afuera del país. Venezuela atraviesa un plan de TRES FASES, déjanos tu correo y te actualizaremos al momento MÁS ALLÁ DE LOS CAMBIOS SUPERFICIALES La reconstrucción de Venezuela requiere mucho más que cambios políticos superficiales. Exige una reforma judicial auténtica, basada en independencia real, transparencia verificable y rendición de cuentas efectiva. No basta con sustituir nombres en los cargos si las estructuras de control político sobre el sistema de justicia permanecen intactas. Un país puede cambiar de gobierno sin cambiar de Estado de Derecho, y esa
Fuente: La Patilla — Ver nota original
