La investigación que tiene en jaque al presidente Nayib Bukele de El Salvador

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«Es el objetivo del periodismo: revelar». Así contesta el jefe de redacción del periódico salvadoreño El Faro a la consulta de France 24 sobre qué motivó la publicación de su última y explosiva investigación.

«El periodismo parte de la idea de que una sociedad informada toma mejores decisiones que una sociedad desinformada», prosigue el periodista Óscar Martínez.

«Entonces, pienso que la sociedad salvadoreña debe saber que su gobierno estuvo negociando con agrupaciones criminales. Pienso que las madres, padres, hijos y hermanos de los 87 muertos deben saber por qué sus familiares han caído ese fin de semana», añadió.

Esos 87 muertos que menciona Martínez fueron registrados entre el 25 y 27 de marzo en El Salvador. El país reportó 62 homicidios solo para el sábado 26, fecha que se colocó como la jornada más mortífera desde el fin de la guerra civil.

Esos crímenes no tardaron en ser atribuidos por el Ejecutivo salvadoreño a esas agrupaciones criminales conocidas como «pandillas» o «maras».

Esta ola de violencia en El Salvador llevó a finales de marzo a la aprobación por parte del Congreso de un régimen de excepción. Una medida que gozó de una gran popularidad entre la población, que la consideró una respuesta firme a esas desenfrenadas pandillas.

En ese momento, varios medios locales aseguraban que el descenso en el número de muertes violentas que se registraba antes de ese final de semana se debía a un pacto entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y las maras.

El Faro vino esta semana a echar leña al fuego con una investigación, y Martínez cuenta a France 24 en qué condición se desarrolló la pesquisa y con qué riesgo.

Una investigación que vino confirmar dudas de los periodistas

Ese trabajo periodístico fue publicado este martes y pretende demostrar que la ruptura de un supuesto pacto entre el gobierno salvadoreño y las pandillas provocó la masacre de finales de marzo.

Fue firmada por Carlos Martínez, mientras Óscar Martínez, su hermano, intervino como editor.

Este último empieza contando que la investigación no surgió como una sorpresa, sino que vino a confirmar dudas que ya tenían dentro del periódico: «Nosotros teníamos la sospecha, la certeza más bien -se corrige el periodista- de que el aumento de homicidios tenía que ver con algún problema en las negociaciones entre el gobierno y las pandillas».

Y es que El Faro goza de una larga carrera en la revelación de acuerdos entre los sucesivos gobiernos y las maras. Así, no es la primera investigación que saca a la luz el supuesto uso de estos métodos por parte del actual gobierno.

«Además, sabemos por experiencia que las pandillas, como organización criminal, utilizan los muertos como medio de presión. Entonces sí, sospechábamos que esos crímenes, muy seguramente se debían a una inconformidad con el pacto que el gobierno había cumplido con ellas», añadió.

Para elaborar esa investigación, el periodista Carlos Martínez dice haber estado en contacto con dos cabecillas de la Mara Salvatrucha-13 y una del Barrio 18, los grupos de mayor peso en El Salvador.

Y para justificar el recurrir a criminales para la redacción de este trabajo, el reportero invoca «razones periodísticas»: «Para contar una historia de manera completa, uno no puede hablar únicamente con la gente que moralmente le cae bien».

También explica que, según él, el propio gobierno da peso y voz a las pandillas: «Ellos les han convertido en actores políticos, ellos le han dado importancia. Entonces nosotros también hemos cultivado unas fuentes dentro de esas organizaciones».

«No hay que ser el mejor periodista del mundo para hablar con un pandillero»

El periodista, que cuenta con una larga experiencia en la cobertura de la realidad salvadoreña, insiste en poner las cosas en el contexto del país: «Según los últimos recuentos, hay más de 70.000 pandilleros y casi 6,5 millones de habitantes en El Salvador. No hay que ser el mejor periodista del mundo para conseguir hablar con un pandillero. Si miran en los medios internacionales, no es tan exótico conseguir a un pandillero como fuente».

Y en efecto, la reconocida cadena británica BBC Mundo publicó hace un mes una entrevista con líderes del Barrio 18-Sureños.

Sin embargo, Óscar Martínez machaca que en ningún momento la redacción del periódico defiende los crímenes de los pandilleros: «Habrán acudido a nosotros porque se sienten traicionados por el gobierno. Pero nosotros nunca hemos parado de cuestionar sus actividades. A nosotros también nos han amenazado, en varias ocasiones».

Y si los reporteros consideran que en algunos momentos es necesario hablar con pandilleros para entender los entresijos de una historia, Óscar Martínez asegura que «no publicamos nada que no nos parezca verosímil. La información que nos proveen, siempre es verificada».

En el caso de esa investigación, los audios publicados provendrían de conversaciones telefónicas entre un líder de la Mara Salvatrucha-13 y el director de Reconstrucción del Tejido Social de El Salvador, Carlos Marroquín. Estas conversaciones habrían sido grabadas sin autorización de este último, «aunque en un país como El Salvador es un poco ingenuo pensar que los mareros no querrán asegurar pruebas», opina Martínez.

Una vez el reportero Carlos Martínez los tuvo en su posesión, esos audios fueron primero verificados con fuentes pertenecientes a las pandillas. «Luego hablamos con otra fuente, que ni siquiera fue posible mencionar en el artículo», precisa Óscar Martínez.

Finalmente, El Faro empleó tres software -dos de audio forense y uno de uso comercial- para comparar la voz de Marroquín en algunas de sus intervenciones públicas, con la voz que se escucha en las grabaciones.

Un contexto de «persecución» a la libertad de prensa

Y así nació la investigación que acusa «de manera irrefutable» -remarca Martínez- al gobierno de Nayib Bukele de estar negociando con actores criminales. ¿Pero qué riesgo supone esa publicación para sus autores? «El problema es que esa investigación la hemos publicado cuando una ley ‘mordaza’ ya se aprobó».

Esa ley que menciona Óscar Martínez fue votada en la primera semana de abril. Penaliza a quienes «reproduzcan mensajes presuntamente originados u originados por pandillas» con hasta 15 años de cárcel; eso, según el mismo texto, para evitar generar «zozobra y pánico» entre la población.

«Pero el que genera zozobra es el gobierno, con sus negociaciones fallidas, que le costaron 87 muertos al país», sentencia el periodista.

Óscar Martínez va mas allá en sus acusaciones, y no descarta que la reforma, -que se aprobó justo unas semanas antes de la publicación del trabajo de su equipo-, surgió con la intención de tapar esa investigación: «Es que ya no me cuesta creer nada de este gobierno. Y no veo a qué viene que prohíban a los periodistas publicar sobre las pandillas justo después de una ola de violencia. No me extrañaría que hayan tenido algún tipo de noción de la investigación, y temieron que se revelara lo que hemos revelado».

En el momento de la entrevista, Carlos y Óscar se encuentran en México, pero por cuestiones de trabajo. «En cambio sí tenemos colegas salvadoreños que están en exilio preventivo. Los han perseguido por revelar e investigar; como si no fuera el trabajo de un periodista», remarca.

Sin embargo, el jefe de redacción de El Faro cuenta a France 24 que no piensa dejarse intimidar: «El rompecabezas todavía no se terminó de ordenar. Faltan muchas piezas; muchos actores que descubrir, muchas promesas del pacto por revelar».

Todavía se hace esperar una respuesta de los principales perjudicados. El que llaman ‘Batman’ en los audios entre Marroquín y la Mara Salvatrucha, el presidente Nayib Bukele, sigue sin aclarar la denuncia.

«No es la primera vez», destaca Martínez. «El pasado demostró que cuando le imponen una narrativa que no le gusta, suele callarse. En un país más democrático, tendría por lo menos que dar la cara y decir que se está haciendo una investigación. Pero El Salvador ya no es democrático: un solo hombre dirige todo».

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