La intervención de la SGAE - EntornoInteligente
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José Ángel Hevia, en el centro, con otros directivos de la SGAE, en diciembre del 2018. / JOSÉ LUIS ROCA

La historia de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) está jalonada de episodios oscuros y de prácticas como mínimo dudosas. La más conocida fue la que provocó la acusación por apropiación indebida de  Teddy Bautista  en el marco de la  operación Saga , un delito que aún está pendiente de resolución judicial. El mismo Bautista se presentó el año pasado para renovar el cargo de presidente, que abandonó en el 2011, pero no entró en la lista de los nuevos componentes de la junta directiva, que eligieron a   José Ángel Hevia , sospechoso a su vez de ser uno de los beneficiarios de la llamada  ‘rueda de la música nocturna’ , también bajo investigación judicial y epicentro del  terremoto que afecta a la entidad  de gestión de derechos de autor. Para hacernos una idea del problema, un solo dato: entre el 2006 y el 2011, el  70% de la recaudación generada en televisión  se concentraba en músicas emitidas de madrugada, con el 1% de audiencia; en la actualidad, representa el 40%, con  cuantiosos beneficios para determinados socios de la SGAE , en una trama urdida con la aquiescencia de editoras de televisión y empleados de cadenas estatales y autonómicas.

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Envía tu carta Aclarar las  normas de reparto de los derechos  y revertir los efectuados en el 2018, llevados a cabo sin ratificación de la asamblea general,  reformar los estatutos  para acordarlos a la ley de propiedad intelectual y a la  normativa europea , e implantar el  voto electrónico  entre los asociados, son las demandas reiteradas que el  Ministerio de Cultura  efectuó en septiembre del 2018 con una petición de  apercibimiento judicial , desoída por los actuales gestores. Después de dudar entre retirar la licencia a la SGAE o intervenir en ella a través de los juzgados,  el ministerio ha optado por esta última medida , solicitada a la  Audiencia Nacional  para “subsanar o corregir los incumplimientos graves detectados” y para regularizar el funcionamiento institucional con la remoción de los actuales órganos de gobierno y a través de la figura de un  gestor interino  que clarifique la gestión llevada a cabo hasta ahora. Es una intervención drástica, motivada por “razones de urgencia” que puede topar con la  lentitud judicial  y con la inminente  cita electoral , pero que era imprescindible si tenemos en cuenta el caos de una entidad con múltiples  intereses encontrados  y que gestiona unos 300 millones de euros anuales.

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