La insólita ignorancia de Luciano Cruz-Coke: exministro de Cultura ningunea proyecto de ley que afecta intereses de dueños de galerías de arte como son su señora y su suegra » EntornoInteligente
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El exministro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, hoy diputado de Evópoli, asegura no conocer el proyecto de ley de Artes Visuales, conocido como “Ley Balmes”, pese a integrar la Comisión de Cultura de la Cámara donde se tramita la iniciativa, y en donde él mismo se ha manifestado en contra de la ley que beneficia a los artistas, al establecer que los dueños de galerías de arte paguen un porcentaje –por concepto de propiedad intelectual– a los autores cuando se revende una obra. La insólita respuesta de Cruz-Coke –quien conoce el proyecto desde el 2012– se dio ante la pregunta sobre el conflicto de interés que le asiste al participar de la tramitación de una ley que afecta los intereses de dueñas y dueños de galerías, toda vez que es marido de Javiera García-Huidobro Aninat y yerno de Isabel Aninat, ambas conocidas galeristas. “No conozco la ‘Ley José Balmes’. Conocí, admiré y tengo obra de Balmes, de Barrios y de Conchita, por suerte”, sostuvo. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

“No conozco la ‘Ley José Balmes’. Conocí, admiré y tengo obra de Balmes, de Barrios y de Conchita, por suerte”. Esta fue la insólita respuesta del diputado Luciano Cruz-Coke, exministro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y actual miembro de la Comisión de Cultura de la Cámara, donde ha sido uno de los principales opositores del proyecto de ley de Artes Visuales, conocida como “Ley Balmes”, que busca que los y las galeristas paguen un porcentaje –por concepto de propiedad intelectual– a los artistas cuando revenden una obra. La respuesta de Cruz-Coke resulta doblemente insólita, porque –en primer lugar y en caso de ser cierto– refleja su desconocimiento en materias propias de su labor legislativa y –en segundo lugar– porque el parlamentario es marido de Javiera García-Huidobro Aninat y yerno de Isabel Aninat, ambas conocidas galeristas.

En la misma línea y ante la pregunta respecto a si enfrentaba un conflicto de interés al participar de la tramitación de una ley que, en el caso de ser aprobada, podría afectar los intereses comerciales de sus familiares directos, el diputado de Evópoli sostuvo que “si algún proyecto de ley tocase en algo sustantivo la actividad de mi señora, deberé hacer explícito el conflicto de interés, si corresponde”.

Arturo Duclos, artista visual y uno de los impulsores de la “Ley Balmes”, bautizada así en homenaje al fallecido pintor, desmiente categóricamente a Cruz-Coke. “Uno de los principales opositores ha sido el diputado Luciano Cruz-Coke, quien está casado con una galerista de arte que representa intereses directos del sector”.

El proyecto de ley está centrado en el derecho de participación de los artistas en las reventas o ventas sucesivas de sus obras, que podría afectar los intereses económicos de las galerías de arte. Específicamente, se trata de modificar la Ley 17.336, sobre Propiedad Intelectual, que data de 1970.

Duclos también señala que, cuando se puso en tabla la “Ley Balmes” en la Comisión de Cultura, “Cruz-Coke se fue en picada contra el proyecto, diciendo que muchas veces se había intentado legislar sobre eso, sin ninguna prueba, porque no la hay. Luego agregó que era muy difícil de implementar, que las galerías de arte no lo podrían hacer y por último que afectaría a los artistas jóvenes, todos argumentos absolutamente infundados”.

El artista asegura, además, que el exministro conoce hace varios años el proyecto y que su oposición al mismo responde a “hechos encubiertos que se vienen arrastrando desde hace años. Cruz-Coke sabe de esto desde el 2012. Siendo él ministro, lo invité a participar en un seminario de derecho de autor para las artes visuales que organicé en la UDD. Allí, en ese tiempo, se discutió el tema cuando recién lo estábamos instalando en la opinión pública y él fue panelista de ese seminario”, recuerda.

Cruz-Coke y Juan Carlos Silva El líder de la Plataforma de Artes Visuales (PAV), acusó al subsecretario de Cultura, Juan Carlos Silva, de obstaculizar un proyecto de ley en favor del sector.

Duclos afirma que, en 2018, Silva pidió dejar la iniciativa en manos del Ministerio de las Culturas, pero que no ha avanzado desde entonces. En 2019, la PAV logró que la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados introdujera la discusión de la iniciativa en el Parlamento, a pesar de la negativa de Cruz-Coke, uno de sus miembros.

Silva y Cruz-Coke pertenecen a Evópoli. Los dos protagonizaron además una polémica en 2018: figuran como propietarios de una propiedad ubicada cerca de Plaza Italia, que arriendan desde 2015 en cuatro millones de pesos a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji).

En su momento, el diario La Segunda informó que esto podría costarles el puesto a ambos. Entre otras razones, debido a que, según el artículo 57 de la Constitución, no puede ser candidato a diputado quien mantenga contratos vigentes con el Estado. Silva tampoco informó esta eventual inhabilidad en su declaración de intereses. Los dos fueron denunciados a la Comisión de Ética, que sin embargo desechó el caso .

“La primera gestión fue cuando el subsecretario ‘raptó’ el proyecto desde la Cámara de Diputados y lo llevó al Mincap (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio), so pretexto de promulgar la ley desde el Ejecutivo”, afirma Duclos. “No se hizo ningún trámite desde el Ejecutivo, de hecho estaba (Gonzalo) Blumel, Evópoli igual que Juan Carlos Silva, por lo que no habría costado nada promulgar el decreto”, precisa.

En otra reunión, Duclos recuerda que Silva señaló que, en relación con la “Ley Balmes”, se “debía citar a la Asociación de Galerías”, como la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Chile (AGAC).

“Yo estoy absolutamente de acuerdo en que AGAC debe informar, y debe informar además de sus actividades económicas para dimensionar su negocio, así como también el Estado les pasa fondos concursables y de subvención a través de Sismica (una alianza de ProChile y AGAC) para financiar las ventas en ferias, lo que me parece perfecto, porque, si las galerías pueden hacer eso, muy fácilmente pueden llevar la contabilidad de las obras que se revenden en el mercado y pagar a los artistas su derecho de participación en las reventas de obras”.

“En ese mismo tiempo yo establecí contacto con AGAC para contarles sobre el proyecto de ley y se opusieron ante cualquier gestión, porque ellos lo ven como un peligro para su negocio. Cruz-Coke nunca se opuso como ministro, más bien respaldó nuestra gestión. Entonces, me llamó mucho la atención que Silva tuviera alguna oposición. Cruz-Coke está siendo blindado por Silva, porque él quiere sacar las castañas con la mano del gato y no puede mostrar tan abiertamente su lobby por estar comprometido con AGAC, así como también lo hace Silva, y no con los artistas. ¿O es muy Evópoli lo que estoy diciendo?”, se pregunta Duclos.

El reconocimiento de Silva A diferencia del diputado, el subsecretario reconoce que “efectivamente existe un proyecto de ley, presentado por moción parlamentaria del diputado Renzo Trisotti, que busca establecer normas para reforzar y robustecer los derechos de los artistas o autores de obras visuales de imagen fija”.

“Al ser una moción, obviamente su iniciativa ha sido a nivel parlamentario. No obstante, todo lo que tenga que ver con reforzar, difundir y propiciar mayores y mejores condiciones para los derechos de autor de los trabajadores de la cultura, siempre ha contado con nuestro apoyo, sin perjuicio de detalles con los que uno, en pos de una mejor legislación, pueda concordar o no”, indicó.

Asimismo, Silva aseguró que “no hemos dilatado el proyecto”.

“Hemos sido responsables en señalar que los proyectos del Ejecutivo tienen que ser evaluados por quien lleva la coordinación legislativa, que es la Secretaría General de la Presidencia, que establece las distintas evaluaciones y factores a la hora de establecer las prioridades o particularidades legislativas. Los tiempos de tramitación dependen de quienes presiden las comisiones en la Cámara o el Senado, por lo que ahí debe centrarse la discusión”, dijo.

Finalmente, respecto a la opinión del ministerio sobre el artículo que establece que los galeristas deben pagar un porcentaje a los autores cuando revenden una obra, la autoridad aseveró que “como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio una de nuestras principales responsabilidades es propiciar que tanto los autores como intérpretes, de cualquier disciplina artística, sean reconocidos como tales, independientemente del uso que se le dé a su obra”.

“Desde el ministerio, a través de nuestra unidad de Derecho de Autor, tenemos un compromiso con relevar el respeto y la protección de los derechos morales y patrimoniales, que hoy la ley consigna”, expresó.

“Este compromiso quedó demostrado en nuestra inédita convocatoria de adquisición de obras de artes de la visualidad –parte del Plan de apoyo al sector–, donde por primera vez el Estado lanzó una convocatoria para adquirir obras de artistas emergentes, de mediana trayectoria y consagrados. Ahí, junto con la adquisición, incluimos los derechos de autor relativos a las exhibiciones de las obras. Este es un tema que estamos trabajando en todas sus dimensiones”, recalcó.

“Es importante señalar que el proyecto de ley no establece un nuevo derecho, sino que busca regularlo, perfeccionarlo y reforzarlo de manera de hacerlo efectivo. Eso es lo primero que hay que aclarar. Segundo, no está relacionado con los galeristas, como señala en su pregunta. Los galeristas, la mayoría de las veces, son quienes representan a los artistas en su primera venta. Por lo tanto, en ese caso, no aplicaría el objetivo del proyecto de ley en trámite, sino en casos de reventa futura que se hagan por otros agentes que intervengan en ventas posteriores. Eso independientemente de lo que se pueda discutir en el proceso de tramitación vigente”, concluyó.

Objetivos y trayecto del proyecto Si bien la ley se remonta a 10 años, los objetivos principales siguen siendo tres.

Primero, modificar el artículo 36 de dicha ley, que se refiere al derecho de participación de los artistas en las reventas o ventas sucesivas de sus obras, “que en la actual legislación se hace inaplicable por los elementos probatorios que esta exige”.

En segundo lugar, pretende modificar el artículo 37, relativo a la regulación que adquiere un comprador de obras de ejemplar único, lo que faculta al artista a realizar otras versiones de la misma obra en soportes distintos y situaciones, de acuerdo a la legislación internacional con relación al derecho del creador sobre su obra.

Finalmente, apuntan a modificar el artículo 71F, que limita el derecho de autor sobre las obras ubicadas en espacios públicos, dejando a sus creadores sin derechos sobre sus trabajos, que son entregados a gratuidad para el lucro de quienes concertan publicaciones y reproducciones de tales obras.

 

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