El Ministerio Público de Venezuela anunció la apertura de una investigación penal por la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, después de que el régimen confirmara que el preso político falleció hace casi un año. La Fiscalía 80 Nacional, con competencia en protección de derechos humanos, está a cargo de las diligencias. El organismo ordenó con prontitud la exhumación del cadáver de Quero, procedimiento que estará a cargo de un equipo forense adscrito a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal.
La investigación se abre después de varios meses de denuncias familiares sobre la desaparición de Quero Navas, quien fue enterrado sin que su familia recibiera notificación oficial sobre su fallecimiento. El Ministerio Público precisó que la Fiscalía 80 Nacional realizará todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, de manera oportuna e imparcial. Este anuncio se produce en un contexto de reclamos de organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y la Defensoría del Pueblo por una investigación exhaustiva e independiente.
La Defensoría del Pueblo sostuvo que es imperioso que los organismos competentes ordenen una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La entidad también remarcó que este hecho evidencia la urgente necesidad de impulsar reformas profundas orientadas a erradicar los abusos, la impunidad y las debilidades institucionales que persisten en Venezuela. La muerte de Quero Navas reabrió el debate sobre las condiciones de reclusión de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos.
La confirmación oficial de la muerte bajo custodia estatal reactivó reclamos y protestas en el país caribeño por parte de organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y activistas. Diversas ONG y partidos señalaron que urge una revisión de las condiciones carcelarias y la actuación de las autoridades judiciales. Familiares de detenidos han reiterado su preocupación por los casos de desapariciones y la falta de información sobre el paradero de personas bajo custodia estatal.
Fuente: Infobae — Ver nota original
