Organizaciones como Clima 21 advierten que el «elevado endeudamiento y la falta de acceso a los mercados financieros internacionales» reducen las posibilidades de Venezuela para acceder a fondos por cambio climático y mecanismos de cooperación destinados precisamente a fortalecer la «adaptación y construcción de resiliencia ambiental». La consecuencia es una gran problemática que trata justamente sobre cómo uno de los países más vulnerables de la región figura también entre los que tienen menos capacidad financiera para prepararse La crisis climática ya no es una amenaza futura para Venezuela, está aquí. Se siente cuando los embalses disminuyen sus niveles durante las sequías largas, cuando las lluvias arrasan comunidades enteras en cuestión de horas o cuando las temperaturas más elevadas favorecen la proliferación de especies invasoras y alteran ecosistemas completos. Son fenómenos que ocurren cada año con mayor frecuencia e intensidad y frente a los cuales el país sigue sin una política nacional de adaptación que permita reducir daños y prepararse para lo que viene. La ausencia de planificación resulta especialmente llamativa si se considera que Venezuela, como Estado parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, asumió el compromiso de diseñar estrategias y planes para enfrentar estos impactos. Sin embargo, más allá de algunos anuncios dispersos, el país continúa sin una hoja de ruta clara para responder a una crisis que ya está afectando tanto a las comunidades como a la economía. La factura de esa inacción comienza a hacerse visible. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) estimó que durante la última década el cambio climático redujo el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de Venezuela entre 0,9% y 1,3%. Pero el escenario más preocupante está en puerta. Las proyecciones de la institución indican que, en apenas cuatro años, el impacto económico podría multiplicarse hasta ocho veces, provocando que e
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