ALEJANDRO J. SUCRE 21/06/2026 05:07 am Venezuela enfrenta uno de los procesos de reestructuración de deuda más complejos de su historia. La magnitud del desafío es real: años sin auditorías internacionales, instrumentos de deuda dispersos en múltiples jurisdicciones, opacidad en la deuda bilateral con China y Rusia, y laudos arbitrales del CIADI que avanzan contra activos venezolanos en el exterior. Nadie puede minimizarla. Pero hay otra realidad, igualmente documentada, que con frecuencia se omite: la parálisis también tiene un precio, y ese precio lo pagan los venezolanos, no los analistas.Los argumentos sobre inventario de deuda y transparencia institucional son acertados y necesario es señalarlos. Venezuela no completa una consulta del Artículo IV del FMI desde 2004. Los casos de Argentina, Perú y Zambia demuestran lo que cuesta negociar mal: exclusión financiera prolongada y fondos oportunistas que multiplican su inversión por cuatro, cinco o diez veces. Sin embargo, reconocer los riesgos no equivale a concluir que el proceso debe suspenderse hasta alcanzar condiciones ideales que, en la historia de las reestructuraciones soberanas, nunca han existido. Ecuador en 2020 y Uruguay en 2003 no llegaron a la mesa con información perfecta: llegaron con la mejor disponible y con asesores que construyeron el inventario durante el proceso. Venezuela ha contratado asesoría especializada precisamente para hacer ese trabajo. Ignorarlo no es rigor técnico: es una omisión que distorsiona el diagnóstico.Ciertos análisis describen con detalle los riesgos de negociar pero guardan silencio sobre los costos de no negociar. Cada año en default profundiza la exclusión financiera. Los activos venezolanos en el exterior siguen expuestos a procesos de ejecución independientemente de si Venezuela se sienta o no a la mesa. Los laudos arbitrales no se congelan mientras el país delibera. Los fondos con posiciones en deuda venezolana se fortalecen con cada año de incertidumbre, no se debilitan. La parálisis no es una posición neutral: es una decisión con consecuencias concretas que beneficia exactamente a quienes se dice querer evitar. El perfeccionismo también tiene un costo.En paralelo al debate, hay hechos concretos que merecen ser parte del análisis. Decenas de campos petroleros han sido asignados a operadoras internacionales. PDVSA ha suscrito acuerdos con empresas energéticas de múltiples países. Hay interés documentado de inversores en Estados Unidos y Australia en los sectores minero y energético venezolanos. El Consejo Nacional de Dominancia Energética de la administración Trump ha tenido contactos directos con actores del sector. Ninguno de estos hechos aparece en los análisis que concluyen que Venezuela no está en condiciones de avanzar. Un país con campos en producción creciente y operadoras internacionales comprometidas negocia su deuda desde una posición distinta — y mejor — que un país en colapso total. Omitir eso es presentar media fotografía como si fuera la imagen completa.Hay un patrón en ciertos análisis que merece ser nombrado: el uso de condiciones legítimas como instrumentos de parálisis. Se identifican requisitos válidos — transparencia total, Artículo IV completado, inventario exhaustivo — y se presentan como prerrequisitos absolutos sin los cuales cualquier acción está condenada. El resultado no es mayor rigor: es inmovilismo indefinido. Grecia no los tenía. Argentina tampoco. Irak tardó más de un año en reconstruir su inventario de deuda, y negoció durante ese proceso, no después. La pregunta que ese análisis evita es la única que importa: ¿es preferible una reestructuración imperfecta conducida con estrategia clara, o un default indefinido que beneficia exclusivamente a los acreedores oportunistas que esperan exactamente esa parálisis?El debate sobre transparencia no debería ser sobre si negociar, sino sobre cómo negociar mejor. Eso significa exigir una auditoría de la deuda total con resultados públicos, una estrategia que
Fuente: El Universal — Ver nota original
