La construcción marca el camino de su diálogo social

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El pasado 11 de mayo, los agentes sociales del sector de la construcción alcanzamos un preacuerdo histórico que marca un ejercicio de responsabilidad pionero en el marco del diálogo social: en plena espiral inflacionaria marcada por la guerra de Ucrania y, antes, por una crisis de suministros que empezó a finales de 2020, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO del Hábitat y UGT-FICA allanamos el camino para la firma del VII convenio general del sector.

A falta del pacto definitivo, el preacuerdo recoge una serie de hitos que merece la pena destacar y que refuerzan la tradición negociadora de un sector que viene apostando por paz social desde al menos 1992. Un largo recorrido pactista que jamás se ha detenido: ni con la crisis financiera de 2008 ni con la sanitaria de la pandemia.

Lo que se ha conseguido el 11 de mayo puede ser todavía más importante. Primero, porque se ha pactado el primer plan de pensiones de empleo sectorial, siguiendo la recomendación del punto 16 del último informe de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, y también del componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la estrategia del Gobierno para distribuir los fondos europeos NextGenerationEU. Un plan de pensiones complementario que viene a reforzar la jubilación de al menos los 1,3 millones de trabajadores de la construcción actuales. Segundo, porque patronal y sindicatos nos hemos comprometido a un incremento salarial moderado para los próximos tres años: 4% para 2022, 3% para 2023 y 3% para 2024, yendo una parte de esa subida a aportaciones para el referido plan de pensiones sectorial.

Pero hay más cláusulas importantes en el preacuerdo, como la regulación de la nueva figura contractual introducida por la reforma laboral, como el contrato indefinido adscrito a obra. O el establecimiento de un periodo máximo de duración del contrato temporal por circunstancias de la producción de un año, percibiendo los trabajadores a la extinción del mismo una indemnización del 7%. O la regulación, dentro de las directrices de la reforma laboral, del contrato fijo discontinuo adaptándolo a nuestro sector, recogiendo cuantías a percibir cuando se para o cesa en la actividad. Es decir, sobran las razones para estar satisfechos, una vez más, de lo que venimos haciendo desde hace 30 años. Hemos hecho los deberes, consiguiendo un equilibrio en medio de una tremenda inflación y una elevada tensión. Y ojalá la construcción sirva como ayuda para otros sectores a la hora de buscar el consenso y el bien común entre unos y otros.

Pero también pedimos a sus señorías, los diputados del Congreso, que cumplan para consolidar y reforzar, en su caso, los incentivos recogidos por el proyecto de ley de reforma de las pensiones derivado del Pacto de Toledo, para que estos planes colectivos sean más atractivos para las empresas, garantes últimas de los planes de pensiones colectivos. Una manera, posiblemente la única vía, de apuntalar la sostenibilidad del amenazado sistema público de pensiones.

Como afirma el Plan de Recuperación, «se trabajará en el desarrollo de fondos de pensiones de promoción pública que permitan extender los planes de pensiones al conjunto de trabajadores a través de la negociación colectiva y mediante incentivos fiscales». En este sentido, «se plantea el desarrollo de nuevos mecanismos voluntarios que favorezcan la capacidad de ahorro y de inversión, contribuyendo además a la movilidad laboral de sus beneficiarios». Y para los trabajadores de la construcción es necesario.

Ciertamente sabemos que el Gobierno, especialmente el Ministerio de Seguridad Social, está haciendo todo lo posible por poner en marcha el Segundo Pilar del Pacto de Toledo, el que debe garantizar a corto plazo la sostenibilidad de las pensiones. Pero el Gobierno debe igualmente atender a otras urgentes necesidades en un momento como el actual en que muchas compañías constructoras están asfixiadas –cuando no al borde del cierre– tanto por la factura de la energía, como por los precios de los materiales básicos para la construcción.

En este sentido reconocemos la buena voluntad del Ejecutivo y de la titular de Transportes, Raquel Sánchez, a la hora de encarar este problema: el Consejo de Ministros aprobó el 1 de marzo el real decreto-ley con medidas de carácter extraordinario para revisar excepcionalmente los contratos públicos de obras afectados por la subida de los precios de los materiales, medida que fue ampliada después el 30 de marzo.

Pero el conflicto en Ucrania sigue trastocando todo. En nuestro caso, el coste de la energía puede llegar a alcanzar el 30% del total de muchas tipologías de obra, por lo que solicitamos de manera prioritaria incluirlo en los contratos públicos revisados. En paralelo, convendría que el sistema incorporado en el real decreto-ley permaneciera en vigor más tiempo, fuese indefinido, porque lo que se requiere es estabilidad y certidumbre.

Por último, es necesaria la coordinación de todas las administraciones públicas a la hora de canalizar los fondos NextGenerationEU, de los que siete de cada diez euros pasarán por el sector de la construcción. Si no se distribuyen los fondos eficazmente y con celeridad España se juega frustrar su recuperación y transformación económica. Los fondos tienen que llegar al ciudadano, a las pymes, a los grandes proyectos, a los pequeños ayuntamientos y diputaciones; y para ello hay que eliminar trámites innecesarios, agilizar plazos y reducir gastos superfluos que nos hacen ineficientes.

En definitiva, el sector de la construcción ha vuelto a demostrar que tiene una negociación colectiva madura. Hemos firmado un preacuerdo que favorece a empresas y trabajadores, da estabilidad y certidumbre durante al menos tres años a los costes de la mano de obra y adapta las disposiciones de la reforma laboral a las especificidades de la actividad constructora. Este preacuerdo es un éxito del diálogo social y un ejemplo de cómo empresarios y trabajadores deben ir de la mano, buscar acuerdos e intentar entenderse en la búsqueda del bien común, el bienestar social y el progreso de todos.

Ojalá la madurez del diálogo social de la construcción sea una ayuda para otros sectores de la economía en España

Pedro Fernández Alén es Presidente de la Construcción (CNC)

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

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