La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las inconsistencias en las cifras de presos políticos liberados en Venezuela y advirtió que la ley de amnistía no ha significado un cambio estructural en la situación de derechos humanos del país.De acuerdo con el informe presentado por la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, en representación del presidente del organismo, Edgar Stuardo Ralón Orellana, existe una marcada diferencia entre los datos oficiales y los registros independientes. Mientras el gobierno asegura que más de 8.000 personas han sido beneficiadas, la sociedad civil registra apenas 186 personas con libertad plena, mientras que 554 permanecen con medidas cautelares. La CIDH cuestionó las condiciones impuestas a los excarcelados, al considerar que limitan sus derechos fundamentales.“Prohibición de salida, presentación periódica, prohibición de manifestarse o de hablar a la prensa. Eso no es libertad: es libertad vigilada”, aseguró Ralón Orellana. Importante presentación de la @CIDH ante el Consejo Permanente de la OEA:➡️Denunciaron que en Venezuela siguen las detenciones arbitrarias, desaparición forzada, tortura, incomunicación prolongada, negación de atención médica y muertes bajo custodia.➡️Advierten que la Ley de… pic.twitter.com/5zgcF6rwyR— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) May 6, 2026 Ley de amnistía en Venezuela: un gesto insuficiente ante crisisEl informe también documenta que, hasta abril de 2026, 454 personas continúan detenidas por razones políticas, entre ellas 44 mujeres, una adolescente, 286 civiles y 186 militares. Denunció que al menos 18 personas han fallecido bajo custodia del Estado. Si bien la CIDH indicó que “toma nota” de la promulgación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática del 19 de febrero de 2026, subrayó que esta medida constituye apenas un gesto y no satisface las obligaciones internacionales del Estado. En particular, criticó disposiciones específicas de la normativa: “la cláusula residual del artículo 9, al excluir acciones vinculadas a actores extranjeros (que) introduce un tipo (de delito) abierto, aplicable contra opositores”.Crisis de derechos humanos y falta de justicia Advirtió sobre riesgos para la rendición de cuentas al señalar que “la eliminación de antecedentes sin salvaguardas archivísticas compromete la prueba para futuros procesos de rendición de cuentas”. A esto se suma un cuestionamiento institucional: “Los tribunales y la fiscalía, llamados a aplicarla, son los mismos que han sostenido las detenciones arbitrarias. No se le puede pedir al instrumento de la represión que se convierta en un instrumento de reparación”.En su intervención, la CIDH también sostuvo que en Venezuela persiste una política de Estado de represión que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y negación de atención médica. En este contexto, recordó que en 202
Fuente: El Nacional — Ver nota original
