Lapatilla julio 27 2026, 9:02 amPosteado en: OpiniónCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Propuesta de la sociedad civil organizada para la Comisión Parlamentaria AN 2015 – AN 2025 UNA CONVOCATORIA QUE LA SOCIEDAD CIVIL NO PUEDE IGNORAR Suscríbete aquí para hacerle seguimiento diario al rescate de Venezuela tras los sismos El 20 de julio de 2026, la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, lanzó un llamado público que merece una respuesta a la altura del momento histórico que vive Venezuela. “Desde la AN 2015 convocaremos a todos los sectores democráticos a participar y aportar sus propuestas para enriquecer esta hoja de ruta, orientada a la reinstitucionalización del país y a una transición electoral pacífica y democrática”, afirmó. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, fue igualmente explícito: “Para que Venezuela tenga la reconciliación que ese país requiere para avanzar en todos los demás proyectos, cada elemento de la sociedad venezolana necesita estar representado.” El Programa de Organización Ciudadana (POC), la Confederación de Profesionales Universitarios y Técnicos de Venezuela (CONFEPUV), el Frente Amplio Profesional Internacional (FAPI) y bajo el liderazgo de mi oficina parlamentaria, donde participé en la Comisión Permanente de Política Interior, como presidente de la subcomisión de justicia, respondemos a esa convocatoria con una propuesta concreta, elaborada colectivamente y fundamentada en estándares internacionales: una hoja de ruta para la justicia en transición, presentada formalmente a la presidenta Figuera y remitida al Departamento de Estado de los Estados Unidos —en comunicaciones dirigidas al subsecretario Michael Kozak y a la oficial WHA/AND-Venezuela el 16 de julio de 2026—, así como a organismos internacionales y parlamentarios estadounidenses. EL DIAGNÓSTICO QUE NO PUEDE IGNORARSE Venezuela tendrá una hoja de ruta electoral. Carece todavía de hoja de ruta judicial. Y esa omisión no es un detalle técnico: es la grieta por donde puede derrumbarse todo lo demás. El 85% de los jueces venezolanos ejerce en condición provisional, temporal o accidental, incompatible con cualquier estándar internacional de independencia. El World Justice Project ubica a Venezuela en el último lugar mundial en Estado de Derecho por años consecutivos. La Misión Internacional Independiente de la ONU alertó en marzo de 2026 que “se mantiene el andamiaje institucional que facilitó violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pese al cambio en la jefatura del Estado.” La Comisión Interamericana señaló en julio de 2026 ante el Congreso de los Estados Unidos que persiste un nivel extremo de impunidad. A ello se suma una preocupación urgente: antes de que se haga pública la hoja de ruta anunciada para después del 1 de agosto, continúan adelantándose procesos para designar magistrados del Tribunal Supremo de Justicia con períodos de doce años, impulsados por un órgano —la Asamblea Nacional de 2025— que carece de la legitimidad de origen reconocida por los Estados Unidos y la comunidad democrática. Permitirlo equivale a hipotecar la democracia venezolana por una década antes de que comience. III. LA PROPUESTA: CUATRO MEDIDAS URGENTES En consecuencia, el POC y las organizaciones firmantes proponen a la Comisión Parlamentaria integrada AN 2015 – AN 2025, cuyo trabajo formal comienza el 1 de agosto, las siguientes medidas: (i) Suspensión inmediata de toda designación o reasignación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y de otras altas autoridades del sistema de justicia, hasta que sean electos los parlamentar
Fuente: La Patilla — Ver nota original
