Luis Fernando Vuteff, financista argentino porteño, fue procesado por la justicia argentina en una causa que investigaba el lavado de capitales provenientes de la corrupción chavista en Venezuela. La investigación, iniciada en 2019 en el fuero penal económico, se basó en un informe de la Unidad de Información Financiera y fue motorizada por la PROCELAC. Seis años después, el juez Marcelo Aguinsky finalmente procesó al financista por delitos de lavado de activos de origen delictivo llevado a cabo con habitualidad, involucrando fondos que habrían provenido de coimas de Petróleos de Venezuela S.A.
La historia de Vuteff está estrechamente vinculada a la compleja trama de corrupción internacional del régimen chavista. El financista había formado dos empresas familiares y mantenía una relación sentimental con Antonietta Capriles Ledezma, venezolana hija del ex senador y ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma, destacado opositor al chavismo. En 2018, la justicia de Estados Unidos lo acusó de montar una conspiración junto a un socio suizo de madre argentina para lavar aproximadamente 1.200 millones de dólares provenientes de la corrupción del gobierno bolivariano.
Tras ser extraditado desde Suiza en agosto de 2022, Vuteff negoció con el Department of Justice estadounidense y se declaró culpable. A mediados de diciembre de 2024, acordó una sentencia de 30 meses de prisión por lavado de dinero en los tribunales norteamericanos. Esta condena en Estados Unidos precedió a su procesamiento en Argentina, donde ahora enfrenta cargos por los mismos delitos en relación con fondos de origen venezolano.
El juez Aguinsky agravó la situación de Vuteff sin dictarle prisión preventiva en esta etapa, pero lo embargó por un valor de 5,1 millones de dólares. Paralelamente, dos mujeres de la familia del financista que fueron originalmente acusadas fueron sobreseídas de forma parcial, levantándose la inhibición general de bienes que pesaba sobre ambas. El caso representa un hito importante en la persecución internacional de la corrupción chavista y demuestra la cooperación entre autoridades judiciales de múltiples países.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
