Tres años después del destape de la trama Pdvsa Cripto, el proceso judicial que prometía esclarecer un desfalco multimillonario se ha convertido en un laberinto de denuncias de tortura, pugnas por la propiedad de bienes y acusaciones cruzadas entre los imputados. El juicio, lejos de analizar los mecanismos de corrupción que permitieron la desaparición de miles de millones de dólares de la estatal petrolera, se ha transformado en una tribuna donde los acusados denuncian lo que califican como una "simulación de hecho punible" y una purga política diseñada para reconfigurar el poder interno y la propiedad de activos estratégicos. El Ministerio Público se ha mantenido prácticamente en silencio durante todo el proceso, sin presentar líneas de investigación que auditen las finanzas de Pdvsa o que exploren la estructura que habría permitido la operación de la trama criminal.
Una de las principales incógnitas que el proceso judicial no ha logrado esclarecer es el monto exacto del desfalco. Mientras el Ministerio Público acusa que el daño supera los 5.550 millones de dólares, organizaciones especializadas como Transparencia Venezuela calculan que el perjuicio patrimonial real excede los 16.900 millones de dólares. En 2023, la agencia Reuters publicó información de documentos internos de la petrolera que indicaba cuentas por cobrar de al menos 21.200 millones de dólares. El esquema criminal funcionaba mediante mecanismos opacos, bancos intermediarios y criptomonedas para negociar petróleo eludiendo las sanciones estadounidenses, pero el dinero nunca llegó a las arcas venezolanas.
Investigaciones periodísticas recientes han revelado el papel crucial de instituciones financieras privadas en la estructura del desfalco. Según reportajes publicados en 2024, Bancamiga y el Compass Bank, vinculados a los hermanos De Grazia y con participación de Samark López, funcionaron como "principio y final de un ducto" por el cual circulaban los dineros obtenidos por las ventas de petróleo en mercados alternativos globales. Estos bancos no solo facilitaban el movimiento de capitales petroleros fuera del control de auditorías oficiales, sino que también cobraban comisiones que originaron el entramado conocido como Pdvsa Cripto.
La cronología del caso demuestra claramente que el proceso se ha apartado de su objeto inicial: la investigación profunda de una trama de corrupción petrolera. Aunque el Ministerio Público presentó una acusación formal por desfalco multimillonario, las actuaciones en el Palacio de Justicia se han centrado únicamente en la detención de actores vinculados a nodos financieros específicos. Tres años después del inicio de las averiguaciones, el expediente carece de un informe técnico que detalle la ruta del dinero, el funcionamiento de la estructura de criptoactivos o los mecanismos que permitieron que miles de millones desaparecieran sin consecuencias reales para quienes los controlaban.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
