El juicio Pdvsa-Cripto que se desarrolla en Caracas atraviesa un momento crítico tras múltiples denuncias de irregularidades procesales. Al menos seis de los 64 acusados se declararon en huelga de hambre el lunes 1 de junio en protesta por las presuntas anomalías registradas durante el proceso judicial. Los procesados rechazaron categóricamente la decisión del Tribunal Tercero de Juicio de realizar parte de las audiencias de manera telemática para los detenidos en los centros penitenciarios El Rodeo, Yare y Las Crisálidas, quienes no fueron trasladados físicamente a las instalaciones del tribunal, según reportó el periodista Gustavo Azócar.
Los abogados defensores reiteraron durante la audiencia del lunes solicitudes de nulidad del juicio, argumentando múltiples irregularidades procesales que comprometen el derecho a la defensa de los acusados. Entre las principales denuncias figura la imposibilidad de acceder al expediente completo del caso, siendo que el expediente original no se encuentra disponible en la sala de audiencias y ninguna de las partes ha recibido copia íntegra de las actuaciones judiciales. Esta falta de transparencia en la documentación procesal representa un obstáculo significativo para la preparación de defensas adecuadas.
Los problemas operativos también marcaron la audiencia del lunes, cuando abogados aseguraron no poder ingresar a la sala de audiencias sino hasta horas de la tarde, siendo notificados posteriormente que varios procesados participarían de forma remota. Esta organización deficiente generó confusión y retrasos en el desarrollo del proceso, evidenciando falta de coordinación logística en el manejo del caso. El sistema híbrido de participación, que mezcla audiencias presenciales con intervenciones telemáticas, ha demostrado ser problemático y ha generado resistencia tanto de los acusados como de sus defensores.
El exzar petrolero Tareck El Aissami fue uno de los acusados que participó telemáticamente en la audiencia, utilizando esta intervención para denunciar presuntas amenazas provenientes del exvicepresidente económico José Simón Zerpa relacionadas con declaraciones realizadas durante el juicio. Esta denuncia añade una nueva dimensión a la crisis procesal, sugiriendo posibles intentos de coacción e intimidación dentro del proceso judicial. Las acusaciones de amenazas entre acusados refuerzan las preocupaciones sobre la integridad y equidad del proceso penal que se desarrolla en Caracas.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
