Jueza Swain presenta dudas sobre efectividad de Promesa - EntornoInteligente
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En medio de la audiencia de la demanda entablada por la Junta Federal de Control Fiscal al gobierno para invalidar la Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios (Ley 29 de 2019), la jueza Laura Taylor Swain levantó serios cuestionamientos sobre la efectividad de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) al tiempo que se reservó el fallo.

Swain opinó que es “ilógico” que la ley federal creada por el Congreso permita la aprobación de leyes —como podría ser el caso de la Ley 29 del 2019— que puedan afectar los planes ejecutados bajo la protección del Título III y eviten la reestructuración de la deuda, así como el regreso de Puerto Rico al mercado de capital. Esto sucede luego de que Swain denegara una petición de la gobernadora Wanda Vázquez Garced para aplazar la vista.

De acuerdo con el organismo regulador, el estatuto —que eximiría a los municipios del pago al plan de salud (Vital) y el retiro de los jubilados mediante el sistema ‘Pay as you Go’— no cumple con la ley federal Promesa. La demanda busca que se deje sin efecto, así como la anulación de 24 resoluciones conjuntas que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa y que incurren en el uso de sobrantes de años fiscales previos, práctica que está prohibida bajo las disposiciones de Promesa.

El abogado de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Peter Friedman, defendió que la sección 204 de Promesa no da autoridad al organismo regulador para prohibir o cuestionar una ley aprobada por el gobierno territorial y que, por tanto, la demanda debía ser anulada. “Estamos defendiendo la Ley 29 porque atiende un problema real. La ley les da medidas para corregir situaciones relacionadas al plan fiscal, pero no les otorga superpoderes sobre el gobierno”, acotó.

Asimismo, Friedman explicó que no sería adecuado que Swain otorgue un interdicto permanente para impedir la entrada en vigor del estatuto porque podría afectar otras medidas de reasignación de fondos municipales y se verían obligados a buscar otras formas de ayudar a los municipios.

La jueza respondió que —de no ser así— el gobierno podría implementar medidas similares a la que se busca anular a través de la Asamblea Legislativa.

Alegación del gobierno

El gobierno alegó que la junta federal demandó a las entidades incorrectas dado que la Ley 29 fue aprobada por la Legislatura. Martin Bienenstock, abogado de la junta federal, sostuvo que para una ley ser aprobada requiere la firma de un gobernador y que, aunque Aafaf no maneja las cuentas bancarias, forma parte de las agencias que manejan el dinero público.

Bienenstock también indicó que la Ley 106 de 2017 —enmendada por la Ley 29 de 2019 y que estableció el ‘Pay as you Go’— establece que Aafaf tiene el deber de tomar acción si los municipios no hacen sus pagos al retiro.

LINK ORIGINAL: El Vocero

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