Juan Carlos Mejía: ‘La evaluación a los jueces es objetiva y sin persecuciones’ - EntornoInteligente
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LEA TAMBIÉN LEA TAMBIÉN En la evaluación a la Corte Nacional, ¿cómo se valorará la calidad de las sentencias para no caer en subjetividades?

Es una cuestión técnica de ver si los hechos se adecuan a la ley, entonces se sanciona. No vamos a analizar el dictamen final, porque eso significaría quitarle fuerza a la sentencia, y ese no es el objetivo, sino únicamente las leyes que utilizaron para dictar ese fallo. Es decir, cómo el juez nacional usa la ley, si acude a las fuentes de derecho, utiliza la jurisprudencia correcta.

Los magistrados se quejan de que no es una evaluación objetiva…

Nuestro papel es absolutamente objetivo. Por eso, para la evaluación cualitativa nos basaremos en los requisitos y estándares que debe cumplir un fallo judicial, que están establecidos el Código Integral Penal y en el Código Orgánico General de Procesos.

¿La evaluación a los magistrados busca desbaratar el aparataje judicial de la época del correísmo?

Desde el punto de vista de los miembros de la Comisión de Apoyo a la Evaluación no es así. La Judicatura nos pidió que hiciéramos unas observaciones técnicas. A la institución le corresponderá analizar quiénes permanecerán y quiénes serán removidos de sus cargos. No nos contrataron para destituir, perseguir o favorecer a nadie; nos pidieron una colaboración para que observásemos las conductas de los jueces.

Entonces, ¿cuál será el papel de la Judicatura?

Lo que tratará es de descubrir quiénes llegaron a ocupar un cargo en la Corte sin haber cumplido todos los requisitos legales, o comprobar si un juez ha cometido irregularidades en el ejercicio de sus funciones. La Judicatura lo que dice es: si existen esos tipos de casos, removámoslos; y los que valgan la pena que se queden y sigan.

Legitimidad y transparencia son parámetros que se deben evaluar, pero hubo jueces que no autorizaron levantar el sigilo bancario ni quisieron que se revise su patrimonio. Dijeron que era ilegal…

Me llamó la atención que no quieran transparentar su información. Son funcionarios públicos y la ciudadanía tiene derecho a pedirles cuentas.

De inicio, los jueces se rehusaron a que personas externas a la Judicatura participaran en el proceso.

Eso ocurrió porque los jueces estaban equivocados sobre el papel que cumpliríamos. Nuestra única función es ser observadores y con los hallazgos que encontremos pasaremos un informe al Consejo de la Judicatura; son ellos quienes tomarán una decisión. No vamos a juzgar, solo somos un apoyo.

¿Pero la Judicatura puede iniciar una investigación disciplinaria?

Exacto. Incluso llegar a una remoción del cargo, en caso de comprobar que hubo, por ejemplo, un crecimiento injustificado de su patrimonio.

¿El Consejo de la Judicatura considerará las quejas judiciales presentadas por la ciudadanía?

Sí, en la evaluación se tomarán en cuenta las cartas enviadas por la Mesa por la Verdad y Justicia. Se incluirán los supuestos fallos contradictorios que fueron entregados por la ciudadanía, a través de la página web de la entidad.

La Mesa por la Verdad y la Justicia ha señalado a 14 jueces y conjueces que supuestamente habrían perseguido a gente por el 30-S. ¿Ustedes tomarán en cuenta esas denuncias?

La Judicatura deberá analizar e investigar, respetando el debido proceso.

¿En qué consiste la evaluación oral?

Se evalúa la capacidad argumentativa de los magistrados de las salas Laboral, Civil, Contencioso Administrativo, Tributario y Penal. Este proceso sirve para comprobar cómo manejan verbalmente los conceptos jurídicos. Son 21 jueces y 15 conjueces. El Comité está conformado por 13 personas. No podemos evaluar a todos en conjunto, por eso hemos hecho grupos y distribuido por materias.

¿Cuándo finalizará el proceso de valoración?

A finales de septiembre ya se conocerán los resultados.

Hay jueces que en poco más de un año culminan su periodo en la Corte, ¿evaluarles a ellos no es una pérdida de recursos?

Son cinco magistrados los que están por terminar su periodo. Pero es independiente el transcurso del tiempo, y la obligación legal y constitucional que tiene la Judicatura de evaluar el desempeño.

Hay dos magistrados que pese a renunciar al Alto Tribunal, serán evaluados, ¿por qué razón?

Porque la responsabilidad de la Judicatura es evaluar a los jueces durante el tiempo que estuvieron en el cargo, sin importar que se hayan desvinculado de la entidad. Además, estos magistrados renunciaron cuando el proceso ya estaba en marcha.

Desde febrero, cuando se inició la evaluación a la Corte, ¿qué procesos se han realizado y qué falta por hacer?

La Comisión de Apoyo a la Evaluación ha avanzado conforme al cronograma. Hasta el momento se ha recogido información relacionada con la transparencia y legitimidad. Ahora estamos elaborando el informe con todos los hallazgos que encontramos en ese aspecto. También apoyamos en la evaluación oral de las sentencias. Iniciamos el sábado y durará hasta el 10 de septiembre.

Si algún juez es separado de su cargo, ¿qué pasará con los procesos judiciales? ¿Hay un plan para cubrir las posibles vacantes?

Si eso ocurre, la Judicatura deberá actuar conforme lo que dice la ley y debe tener un escenario previsto para esos casos. Nosotros únicamente apoyamos la evaluación.

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