El ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, generó indignación al pronunciarse de manera irónica sobre la situación de los presos políticos que permanecen detenidos en el país. Sus declaraciones se producen en momentos en que el Foro Penal reporta que 454 personas continúan encarceladas por razones políticas, incluyendo una menor de 16 años y 186 militares. Esta cifra evidencia la magnitud de la represión política que atraviesa la nación caribeña.
Durante sus declaraciones, Rodríguez intentó justificar los encarcelamientos utilizando argumentos que minimizan la realidad de la persecución política. "Decir que todavía hay mucha gente presa por pensar distinto, puede ser cierto. Si hay un empleado de una alcaldía que es un corrupto, piensa distinto a la gente decente, porque la gente decente no se robaría la plata de la alcaldía", afirmó el funcionario. Estas palabras reflejan una estrategia discursiva que intenta deslegitimar a los presos políticos equiparándolos con delincuentes comunes.
Ante estas controvertidas declaraciones, el periodista y defensor de derechos humanos Luis Carlos Díaz cuestionó duramente las afirmaciones del funcionario chavista. "En Venezuela se ha criminalizado no solamente la disidencia política, sino también a cualquier persona percibida como disidente. Por eso hay tantos periodistas, defensores de derechos humanos, niños, niñas, personas de tercera edad y familiares que han sido perseguidos", señaló Díaz en entrevista con NTN24. El activista enfatizó que ninguno de los supuestos delitos ha sido demostrado en un tribunal independiente con derecho a la defensa.
Díaz complementó su crítica denunciando la falta de independencia judicial en Venezuela, un elemento fundamental para garantizar procesos justos. "No existe un solo juez de carrera en Venezuela que haya ganado un concurso de oposición para ganarse su puesto. Los jueces son puestos a dedo, fichas del partido, personas con cargo temporal", explicó el defensor de derechos humanos. Esta realidad institucional evidencia que los encarcelamientos carecen de legitimidad legal y responden a persecución política sistemática contra opositores y ciudadanos críticos del régimen.
Fuente: NTN24 — Ver nota original
