La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) presentó su balance actualizado documentando un total de 663 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. A través de un comunicado, la ONG exigió la aplicación inmediata de las garantías constitucionales y una investigación independiente sobre las muertes ocurridas bajo custodia estatal. El reporte destaca que persiste una ausencia de voluntad política que mantiene al sistema judicial en un espacio de impunidad.
De acuerdo con la información divulgada, los 663 presos políticos se distribuyen entre 86 mujeres y 577 hombres. El sector de la sociedad civil representa más del 54% de las detenciones documentadas. La organización enfatizó que la justicia no puede ser discrecional e instó la ejecución de medidas cautelares sustitutivas para los perfiles de alta vulnerabilidad, especialmente en casos de personas con situaciones de salud críticas.
La ONG alertó sobre situaciones particularmente preocupantes dentro de este universo de detenidos. Existen 20 personas de las que no se tiene información oficial sobre su paradero, configurando situaciones de desaparición forzada. Asimismo, el registro contabiliza 29 venezolanos con doble nacionalidad entre los privados de libertad, complicando aún más la situación de estos casos.
Este balance se publica en un contexto de movilización de familiares de presos políticos quienes realizaron recientemente un homenaje en memoria de víctimas. La organización reiteró que la falta de atención médica y el ocultamiento de información sobre el estado de salud de los internos son factores críticos que comprometen la responsabilidad internacional del Estado. JEP insistió en la necesidad de garantías constitucionales efectivas y en la revisión inmediata de todas las medidas privativas de libertad.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
