Israel avanzó este lunes con la creación de un tribunal militar especial destinado a juzgar a cientos de palestinos acusados de haber participado en el ataque del 7 de octubre de 2023 contra comunidades y bases militares del sur del país. La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría en el Parlamento israelí, con 93 votos a favor de los 120 legisladores, y contempla procesos que podrían terminar en condenas a muerte, una medida excepcional dentro del sistema judicial israelí. El proyecto establece una estructura judicial específica para investigar y procesar a más de 400 sospechosos vinculados con la ofensiva encabezada por Hamas, en la que murieron aproximadamente 1.200 personas y otras 250 fueron secuestradas.
El nuevo mecanismo judicial fue comparado dentro de Israel con el histórico juicio contra Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto nazi, procesado en Jerusalén entre 1961 y 1962. Aquel caso terminó con la única ejecución aplicada por el Estado israelí. El ministro de Justicia, Yariv Levin, justificó la necesidad de una legislación especial debido a la magnitud del ataque y la gravedad de los delitos investigados. "Así se hará justicia y la historia de esta terrible masacre será contada al mundo entero durante generaciones", declaró.
El tribunal funcionará en Jerusalén, en un recinto especialmente diseñado para este tipo de audiencias. Las sesiones serán transmitidas y archivadas, algo poco frecuente en Israel, donde los juicios normalmente no se televisan. Las autoridades israelíes sostienen que esta estructura centralizará cientos de expedientes y acelerará los procesos judicales. Entre los acusados habría integrantes de la unidad Nukhba, considerada una fuerza de élite de Hamas.
Los cargos incluirán delitos como crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y ataques contra el pueblo judío, figuras contempladas en la legislación israelí que habilitan la pena capital. Las víctimas y familiares podrán brindar testimonio tanto de forma presencial como escrita. En caso de dictarse una sentencia de muerte, el fallo deberá pasar automáticamente por instancias de revisión judicial y política antes de ejecutarse, garantizando mecanismos de control adicionales.
Fuente: Infobae — Ver nota original
