El 19 de septiembre de 2024 marca un punto de inflexión en los problemas judiciales del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Ese mismo día en que el Parlamento Europeo reconocía a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF recibía un escrito de la Fiscalía Anticorrupción solicitando información sobre el patrimonio en España de varias personas investigadas en Francia y Suiza por lavado de capitales. La coincidencia temporal no es accidental, ya que Zapatero estaba negociando durante esos días de crisis política con la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez para encontrar una solución a la crisis venezolana.
Los investigados principales eran los hermanos peruanos Luis Felipe y Enrique Baca Arbulu, residentes en Madrid, junto con otras personas de origen venezolano y europeo. Luis Felipe Baca es un intermediario financiero que gestiona patrimonios de clientes de alto nivel, incluyendo funcionarios del gobierno venezolano y empresarios de ese país. La investigación francesa había decomisado el móvil de Baca en octubre de 2022, donde se encontraron múltiples conversaciones mediante la aplicación Signal con socios y clientes. Uno de los hermanos había adquirido recientemente un lujoso apartamento con vistas al Retiro por 3,9 millones de euros en marzo de 2024, lo que llamó la atención de las autoridades.
Baca operaba a través de Bluecap Corp, una empresa radicada en Islas Mauricio con ventajas fiscales significativas, que tenía una filial española llamada Kaimana Capital. Esta sociedad fue constituida por el abogado español Miguel Palomero y servía como vehículo para la gestión de patrimonios de clientes políticos y empresariales venezolanos. Entre sus clientes se encontraba Gilberto Morales Reverón, con nacionalidad española, quien también había adquirido un apartamento en Madrid valorado en 1,7 millones de euros. Morales, antiguo golfista profesional, es considerado una figura relevante en las investigaciones y está bajo escrutinio del FBI estadounidense por presuntos casos de corrupción y desvío de fondos públicos venezolanos.
La trama conecta a Zapatero indirectamente con una red internacional de blanqueo de capitales que operaba entre Madrid, París, Suiza e Islas Mauricio. Las autoridades francesas, españolas y estadounidenses coordinaban investigaciones sobre cómo fondos de origen dudoso, potencialmente vinculados al régimen venezolano, se canalizaban a través de empresas offshore y se materializaban en activos inmobiliarios de lujo en la capital española. El escrito de la Fiscalía Anticorrupción del 19 de septiembre buscaba vincular el patrimonio visible en España con las investigaciones de blanqueo internacional, iniciando así los procedimientos que eventualmente alcanzarían al expresidente.
Fuente: Infobae America — Ver nota original
