Indagan si empleados de Alcaldía de Santa Marta se ausentaron del trabajo para marchar - EntornoInteligente

Entornointeligente.com / La Procuraduría General indaga si funcionarios de la Alcaldía de Santa Marta (Magadalena) se ausentaron de su trabajo el pasado 18 de marzo para asistir a las manifestaciones que se gestaron en favor del alcalde, Rafael Martínez , quien es investigado por presuntos hechos de corrupción. Según las denuncias recibidas por el Ministerio Público, funcionarios municipales habrían asistido al Edificio Galaxia , lugar donde se adelantan las audiencias contra el alto funcionario y en donde habrían obstaculizado el espacio público y agredido, física y verbalmente, a la prensa que cubría el proceso penal.

En esas laborares de indagación, funcionarios de la entidad a cargo de Fernando Carrillo se hicieron presente en las instalaciones de la Alcadía para verificar la presunta inasistencia de los funcionarios públicos. Aunque todavía no se conocé qué funcionarios son investigados de manera preliminar, la Procuraduría le solicitó a la oficina de Recursos Humanos de la Alcadía que le informe qué empleados hacen parte del despacho del alcalde Martínez, la oficina de contratación, control interno, secretaría general, oficina jurídica, entre otras.

El Ministerio Público también le solicito a la entidad municipal que le remita el  control de asistencia de los funcionarios de la alcaldía del pasado 18 de marzo en horas de las mañana. Asimismo, que se le informe qué empleados no pudieron asistir y sus respectivas razones.

La investigación contra Martínez

Uno de los contratos por los que Martínez y  su predecesor en la Alcaldía, Carlos Caicedo, son procesados es004, el cual contemplaba el mantenimiento y adecuación de los centros de salud por un valor de $6.532 millones. No obstante, según el ente investigador, en este contrato se detectaron incumplimientos como la falta de planeación y la inexistencia del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud para la ejecución del proyecto. 

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El segundo contrato en la mira de la Fiscalía, se suscribió entre la Alcaldía de Santa Marta y la Unión Temporal Construyendo Salud por un valor de $5.863 millones. En este convenio, que tenía como objetivo la adecuación y terminación de los centros de salud La Candelaria, La paz y Taganga, la Fiscalía encontró inconsistencias con la obtención “extemporánea” del concepto de viabilidad por el Ministerio de Salud. 

A su vez, La Fiscalía señaló que la licencia de construcción también se solicitó tardíamente y, para esa fecha (febrero de 2018), no había sido concedida. En este contrato, según la investigación, se otorgó un anticipo del 40% correspondiente a $2.345 millones, pero, según un dictamen pericial de la Fiscalía, solo se había ejecutado $568 millones, que fueron destinados para la adquisición de elementos diferentes como equipos y otros materiales de construcción.

 

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LINK ORIGINAL: El Espectador

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