La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) realizó un llamado urgente para la liberación de los presos políticos en el país, argumentando que esta medida es fundamental para restituir la convivencia y la paz ciudadanas. El organismo eclesiástico expresó en un comunicado distribuido a través de sus redes sociales que la liberación plena de estos detenidos representa un camino imprescindible para recuperar la estabilidad social que los venezolanos anhelan. Este pronunciamiento se enmarca en el actual contexto de tensiones políticas y violaciones de derechos humanos denunciadas en el territorio nacional.
La posición de la Iglesia Católica fue motivada especialmente por la muerte de Carmen Teresa Navas, madre del preso político Víctor Quero Navas, quien falleció bajo custodia estatal hace varios meses. Durante su vida, Carmen enfrentó un arduo peregrinaje buscando información sobre su hijo y el paradero de su cuerpo, sufriendo el dolor de su fallecimiento sin respuestas claras de las autoridades. La CEV lamentó profundamente su deceso e hizo énfasis en cómo este caso evidencia la dramática situación que viven los privados de libertad por razones políticas y el sufrimiento que padecen sus familias.
Víctor Quero Navas estuvo recluido en la cárcel de El Rodeo I desde enero de 2025, siendo trasladado a un hospital en julio tras presentar complicaciones de salud incluida hemorragia digestiva superior. Falleció en julio del mismo año por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar, según el comunicado oficial del Ministerio del Servicio Penitenciario. Sin embargo, las autoridades tardaron aproximadamente diez meses en informar públicamente sobre su muerte, lo que generó críticas de organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y activistas que cuestionaron esta demora en la divulgación de la información.
El partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, denunció que Carmen Navas fue víctima de la "crueldad más pura del régimen" y exigió justicia para ella, su hijo y todas las familias afectadas por las políticas represivas. La Fiscalía anunció una investigación respaldada por el Parlamento, aunque diversas organizaciones han solicitado que sea completamente independiente y cuente con apoyo y supervisión internacional para garantizar su imparcialidad y transparencia en los procedimientos.
Fuente: Infobae VE — Ver nota original
