Human Rights Watch (HRW) cuestionó severamente la implementación de la Ley de Amnistía en Venezuela, afirmando que está «muy lejos de garantizar la liberación de quienes fueron detenidos arbitrariamente por motivos políticos». La directora para las Américas de la organización, Juanita Goebertus, presentó un nuevo informe titulado «Venezuela: injusta implementación de la ley de amnistía» en el que advierte que la aplicación «injusta y opaca» de la legislación, promulgada en febrero pasado, ha «socavado aún más la liberación de los presos políticos».
Según HRW, la ley presenta graves deficiencias en su diseño y aplicación. Aunque el instrumento legal afirma abarcar actos cometidos desde 1999, restringe la elegibilidad solo a quienes fueron acusados de delitos cometidos «en el contexto» de eventos específicos ocurridos en ciertos años. Además, incluye disposiciones vagas que permiten a los jueces denegar la amnistía a personas procesadas por actos que están protegidos por el derecho internacional de derechos humanos, limitando así el alcance de la medida.
La organización documentó irregularidades procedimentales en múltiples casos. Señala que algunas personas que solicitan la amnistía no han sido debidamente informadas sobre los cargos que se les imputan ni sobre las pruebas en su contra, lo que obstaculiza argumentar que cumplen los criterios de elegibilidad. En otros casos, los jueces no han fundamentado adecuadamente sus decisiones de negar la amnistía y han restringido el acceso a expedientes y a la representación legal privada de los solicitantes.
HRW exigió a las autoridades venezolanas garantizar la «liberación incondicional» de todas las personas detenidas arbitrariamente y explorar vías legales adicionales para cerrar casos penales contra quienes fueron sometidos a procesos arbitrarios. Estas críticas se suman a denuncias previas sobre cobros en dólares por parte de tribunales para entregar notificaciones de amnistía, así como a reportes de corrupción judicial en el proceso que iniciaron familiares de presos políticos y organizaciones de la sociedad civil.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
