El Comando Intersindical del Magisterio en el estado Bolívar emitió una denuncia formal contra lo que considera un nuevo plan de migración de docentes de la nómina de la Gobernación hacia el Ministerio de Educación. Según los gremios y sindicatos, la Autoridad Única de Educación, Emilio Alberto Aguilar, ha solicitado a directores y supervisores de planteles educativos los expedientes del personal que depende del Ejecutivo regional. Los representantes del magisterio consideran que esta solicitud es inusual, ya que la Autoridad Única de Educación posee acceso directo a toda la información educativa de la entidad, sugiriendo que se trata de una estrategia planificada para ejecutar un proceso migratorio.
Los gremios señalan que esta transferencia de docentes representaría un golpe significativo al sector educativo estatal, pues los maestros perderían beneficios económicos y prestacionales de considerable valor. Entre los beneficios que se verían afectados se encuentran el diferencial del 10% del tabulador salarial, el ahorro equivalente al 10% según la cláusula 34, y las primas de ejercicio de la profesión, asistencial y de hogar que actualmente disfrutan los docentes dependientes de la Gobernación.
La diferencia en materia de prestaciones es particularmente importante: mientras que los docentes estadales reciben 174.33 días de vacaciones anuales, distribuidos en 110 días de descanso, 28 de ajuste salarial y 36.66 de alícuota, aquellos dependientes del Ministerio de Educación solo reciben 60 días de vacaciones más 28 días de ajuste salarial. Esta disminución en beneficios motivó a los gremios a declararse en alerta y a convocar a la resistencia organizada contra lo que denominan un plan macabro de precarización laboral.
La presidenta de la Federación Venezolana del Magisterio en Bolívar, Lina Maradei de Beltrán, realizó un llamado a los docentes para que defiendan las conquistas alcanzadas a través de años de lucha sindical. Criticó lo que caracterizó como violencia psicológica y emocional ejercida por la administración educativa, advirtiendo que la política de migración busca aplicar lo que llamó una ley de hambruna continuada. Los gremios instaron a los padres y a toda la comunidad educativa a unirse en defensa de los derechos del magisterio venezolano.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
