Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Apuneg), expresó su profunda preocupación frente a la política económica anunciada por el Ejecutivo Nacional. En representación de la Coalición Universitaria, integrada por la Universidad de Oriente (UDO), la Unexpo Antonio José de Sucre y la Uneg, denunció que la medida de bonificación de 240 dólares profundiza la crisis laboral del sector académico. Para el gremio, un bono no constituye salario ni respeta los derechos laborales fundamentales.
La política gubernamental ignora flagrantemente los artículos 89 y 91 de la Constitución venezolana, que establecen la progresividad de los derechos laborales y el derecho a un salario digno capaz de cubrir la canasta básica. Brito señaló que estos anuncios dejan en situación de extrema vulnerabilidad a sectores críticos de la comunidad universitaria, excluyendo injustamente a jubilados y pensionados del bono por consideraciones de "responsabilidad". De igual forma, denunció la desprotección de sobrevivientes y pensionados por discapacidad ante esta decisión.
El personal administrativo y obrero activo enfrenta severas afectaciones debido a que estos pagos no inciden en sus beneficios legales ni en el cálculo de prestaciones sociales. Brito cuestionó la falta de transparencia en las tablas salariales que el Ministerio intenta imponer, exigiendo sinceridad y claridad en la gestión de los recursos públicos destinados a educación. La opacidad en estos procesos agrava aún más la desconfianza del sector académico hacia las políticas económicas del gobierno.
El presidente de Apuneg ratificó que el sector mantendrá su lucha en las calles para exigir un presupuesto justo para las universidades, el respeto a las contrataciones y la eliminación del instructivo Onapre. La coalición universitaria reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores académicos, administrativos y obreros, así como la protección de jubilados y pensionados. Esta movilización representa un punto de quiebre en la relación entre el sector académico y las políticas de austeridad del gobierno nacional.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
