El Ministerio para el Hábitat y Vivienda de Venezuela anunció el inicio de un proceso para otorgar títulos de propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esta iniciativa responde a una solicitud de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien pidió reducir plazos y agilizar los trámites administrativos. La jornada comenzará en una primera fase en Caracas, aunque se espera que se extienda progresivamente a más de 2.200 urbanismos distribuidos en todo el territorio nacional como parte de la regularización legal de los inmuebles adjudicados por el programa habitacional.
El primer proceso de regularización fue llevado a cabo en el edificio Bicentenario, ubicado en la parroquia Caricuao del municipio Libertador. Para acceder a este trámite, los interesados deberán presentar cédula de identidad vigente, RIF actualizado, constancia de ingresos y declaración jurada de no poseer otra vivienda. Sin embargo, el ministerio no especificó la fecha límite para realizar este proceso de regularización, lo que genera incertidumbre respecto a los plazos de ejecución.
Previo a esta activación, el Sistema Patria realizó en mayo una encuesta dirigida a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela para conocer su situación actual y simplificar los trámites burocráticos. Esta herramienta de recopilación de datos busca acelerar la regularización legal de quienes están registrados en el programa social. El esfuerzo representa un paso hacia la actualización de los registros y la modernización de los procesos administrativos.
El ministerio realizó un proceso de adiestramiento para más de 60 funcionarios públicos encargados de ejecutar la regularización. El plan formativo abarcó un esquema técnico y social estructurado en cinco módulos estratégicos dictados por los máximos responsables de cada área. Los aspectos cubiertos incluyeron marco legal y derechos humanos, levantamiento de datos técnicos, abordaje social, conformación de expedientes, sistemas y digitalización. El ministro Jorge Márquez enfatizó que cada servidor público tiene la responsabilidad de tratar a los ciudadanos con respeto y dedicación.
Fuente: El Universal — Ver nota original
