El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó la Ley HB 905, conocida como Foreign Interference Restriction and Enforcement Act (FIRE Act), una legislación diseñada para imponer nuevas limitaciones a gobiernos extranjeros que Florida considera amenazas para la seguridad y economía local. Esta norma entrará en vigor el 1 de julio de 2026 y establece restricciones significativas que afectarán a millones de personas, especialmente a comunidades latinas incluyendo venezolanos, cubanos y otros ciudadanos de naciones designadas. DeSantis justificó la medida señalando que busca "fortalecer las defensas de Florida contra adversarios extranjeros" mediante el establecimiento de nuevos controles sobre acuerdos y asociaciones internacionales.
La legislación identifica siete países como "gobiernos extranjeros de preocupación": Cuba, Venezuela, China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria. Todas las entidades controladas por estos Estados también quedan sujetas a las restricciones establecidas en la ley. Esta clasificación genera un impacto amplio en diversas áreas de la vida civil, abarcando desde prohibiciones en contratos de subrogación y adopción con ciudadanos de estos países, hasta restricciones en acuerdos culturales y operaciones comerciales. El gobernador enfatizó que "esta legislación combate la influencia extranjera hostil en Florida al establecer nuevas restricciones a los acuerdos y asociaciones que involucran a países de interés."
Una de las disposiciones más restrictivas de la FIRE Act afecta directamente a funcionarios públicos, empleados estatales, abogados de gobiernos locales y candidatos políticos. Estos actores tendrán prohibido aceptar regalos, préstamos, beneficios o promesas laborales provenientes de representantes vinculados a los siete países designados. Según DeSantis, esta medida refuerza "los requisitos de ética y transparencia para los funcionarios electos y los empleados del gobierno, porque los funcionarios públicos deben servir a los floridanos, no a adversarios extranjeros." La ley busca así garantizar que los servidores públicos no se vean influenciados por intereses extranjeros.
En el aspecto comercial, la FIRE Act establece medidas específicas contra empresas que mantengan operaciones relacionadas con Cuba en violación de las normas federales de Estados Unidos. Los gobiernos locales y recaudadores de impuestos están autorizados para retirar o rechazar licencias comerciales a empresas alcanzadas por estas restricciones. Además, estos actores pueden exigir declaraciones juradas para verificar el cumplimiento normativo. Estas disposiciones transforman significativamente el ambiente regulatorio en Florida y tendrán consecuencias económicas para innumerables negocios y familias vinculadas a estos países.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
