La historia del financiamiento de la salud en Venezuela presenta una gran ironía: el país tuvo la oportunidad de tomar una decisión crucial en 1937, tras la muerte del General Juan Vicente Gómez, cuando se creó el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS). Este organismo fue concebido como especializado de la administración pública para velar por la salud de los ciudadanos. El segundo ministro, Santos Dominici, tomó la iniciativa de consultar con legaciones extranjeras sobre sus sistemas de seguro social obligatorio, buscando información que permitiera diseñar un modelo nacional adaptado a las realidades venezolanas.
En febrero de 1937, el ministro Dominici presentó al Consejo de Ministros una resolución para conformar una comisión encargada de elaborar la propuesta de Ley de Seguro Social Obligatorio. Dado que el Ministerio de Fomento también había recibido responsabilidades similares, ambas competencias fueron unificadas en una sola comisión. Sin embargo, desavenencias políticas entre el presidente López Contreras y Dominici llevaron a la separación del ministro apenas una semana después, dejando incompleto el trabajo que el propio Dominici reconocía sería arduo y lleno de dificultades.
La decisión histórica que finalmente se tomó fue vincular el seguro social obligatorio a la relación laboral del empleado, trasladando así la responsabilidad del sistema a un ministerio distinto al MSAS: el Ministerio del Trabajo. Este modelo se implementó en la siguiente década y fue replicado en otros países latinoamericanos. Sin embargo, existía una alternativa viable: mantener el seguro social obligatorio bajo responsabilidad exclusiva del MSAS, financiándolo exclusivamente con impuestos generales, desvinculando los beneficios de la relación laboral. Este enfoque se expresó posteriormente de manera clara con la creación del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido en 1948.
La opción por el sistema vinculado al empleo generó consecuencias prácticas duraderas: la conformación de un sistema dual fragmentado. Por un lado, los servicios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para los trabajadores formales asegurados, y por el otro, los servicios del MSAS para la población no asegurada. Esta dualidad estructural limitó históricamente la capacidad del sistema para incluir de manera universal a toda la población, perpetuando desigualdades en el acceso a servicios de salud. Venezuela enfrenta hoy una nueva oportunidad para reconocer la importancia de un financiamiento exclusivamente fiscal que garantice cobertura universal.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
