Filtración de datos: Hay lagunas normativas para el derecho a estar protegido

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Tras difundirse el reporte de la compañía de seguridad vpnMentor acerca de la filtración de datos personales de millones de ecuatorianos , se abrió el debate sobre la protección de esta información, que no está huérfana de normativa.

En la Constitución que fue elaborada en Montecristi hay al menos tres numerales que se refieren a los derechos que tienen los ecuatorianos para la protección de datos de carácter personal; el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual.

Sobre este último punto, se especifica que la correspondencia no podrá ser retenida, abierta o examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con penas de uno a tres años de prisión a «la persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio».

Para el abogado y experto en Telecomunicaciones, Juan Carlos Solines , hay una deuda pendiente de casi dos décadas con respecto a la protección de datos personales. Considera que lo más lógico, cuando se construyó la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) , era crear, a la par, una normativa para proteger los datos personales como ha sucedido en otros países cuando se aprueban este tipo de legislaciones.

«La ley y las sanciones existen, todos los casos que se han producido en los últimos años podrían ser sancionados. Sin embargo, es necesaria una normativa que clarifique cómo se han de respetar los derechos de protección de datos. Eso debería ser aprobado cuanto antes porque ha quedado en evidencia que el poder político puede utilizarlos inadecuadamente de acuerdo a las circunstancias», dijo Solines a este Diario.

En los próximos días llegará a la Asamblea Nacional el anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales q ue fue elaborado por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) desde finales del año pasado.

La normativa fue construida en ocho meses y contó con la participación de expertos en el tema. El documento pasó hacia el Ejecutivo para su revisión y la inclusión de posibles modificaciones. Es ahí en donde hay que poner la mayor atención considera Juan Carlos Solines, que aportó insumos, junto con otros juristas, para la elaboración de la normativa.

«Esperemos que los cambios que hayan hecho en la Presidencia no alteren la esencia del proyecto. Uno de los elementos fundamentales de esa propuesta de protección de datos es que se cree una agencia independiente que sea la encargada de controlar y garantice que se cumpla. Si eso se asigna a los órganos políticos del Gobierno, la ley será débil», señaló.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo , también defendió la aprobación de una normativa en este sentido y defendió el trabajo que ha hecho la policía. «Hemos sido duramente criticados por poner este tema sobre la mesa y por investigar a personas que creemos que se dedican a este tipo de actividades.

LINK ORIGINAL: El Expreso

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