La Federación Médica Venezolana (FMV) denunció graves vulneraciones técnicas, legales y éticas en el caso de Víctor Quero Navas, cuyo deceso bajo custodia estatal fue ocultado a sus familiares durante nueve meses. El presidente de la institución, Douglas León Natera, calificó el hecho como una violación flagrante a los derechos humanos y un peregrinaje de dolor para la madre del fallecido, Carmen Navas, de 81 años. Esta mujer recorrió cárceles, hospitales y morgues buscando información que le fue sistemáticamente negada por las autoridades competentes.
La FMV denunció que el Estado venezolano incumplió el artículo 43 de la Constitución Nacional, que obliga a garantizar la vida de los privados de libertad en todo momento. Según León Natera, la ocultación del fallecimiento por casi un año constituye una desaparición forzada, un trato cruel y una vulneración directa al derecho a la verdad. La organización gremial exige la publicación inmediata del informe forense, el historial clínico y la cadena de custodia del detenido para esclarecer las circunstancias del caso.
La institución médica reclama transparencia total sobre el acta de defunción y demanda conocer la causa real del deceso, el lugar exacto del fallecimiento y la identidad del médico que firmó el documento oficial. Además, solicita aclarar si el detenido recibió atención por parte de médicos colegiados o si estuvo bajo la asistencia exclusiva de los custodios durante su reclusión. Es imperativo determinar si existieron diagnósticos previos o si la muerte derivó de la falta de tratamiento médico adecuado en el centro de reclusión.
Ante la gravedad del caso, la FMV instó a las autoridades nacionales a aplicar el Protocolo de Minnesota, estándar internacional para investigar muertes potencialmente ilícitas bajo custodia del Estado. Asimismo, pidió ejecutar el Protocolo de Estambul ante posibles indicios de tortura previa que requieran investigación forense especializada. El representante gremial subrayó que es una tragedia que subraya la urgencia de justicia y que el Estado está obligado a dar respuestas a quienes transitan la incertidumbre y el trato inhumano.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
