Un grupo de familiares protestó frente a la sede del Ministerio Público en Caracas para solicitar la intervención del fiscal general Larry Davoe, con el objetivo de lograr la liberación de 78 personas detenidas por un presunto caso de contrabando en Petróleos de Venezuela (PDVSA). Las detenciones ocurrieron entre 2024 y 2025, involucrando tanto a personas ajenas a la empresa estatal como a obreros de bajo rango. Según los manifestantes, el número inicial reportado de 170 detenidos era incorrecto, siendo en realidad alrededor de 150 las personas implicadas en el caso denominado "Pdvsa-Obrero".
Las autoridades han liberado parcialmente a algunos detenidos en el contexto de anuncios de amnistía e indultos realizados por el Gobierno. Lustay Franco, colaboradora del grupo de familiares, informó que se había logrado la libertad de 51 personas en primera instancia y posteriormente 19 compañeros más, aunque no especificó si estos gozan de libertad plena o están sujetos a medidas cautelares. Los familiares reclaman que las liberaciones sean extensivas a todos los detenidos por la misma causa, portando en la protesta flores blancas de cartulina con los nombres de los presos, en su mayoría obreros.
Según la abogada Zimaru Fuentes, las investigaciones comenzaron en junio de 2024 y las detenciones iniciaron en octubre de ese año en la Refinería Puerto La Cruz en Anzoátegui, extendiéndose posteriormente a otras refinerías en Carabobo, Falcón y Zulia, además de instalaciones petroleras en Caracas y La Guaira. Los detenidos están relacionados con procesos de contrabando de combustible destinado a otros países, presuntamente en el contexto del bloqueo internacional que enfrenta Venezuela debido a sanciones estadounidenses.
Los activistas denuncian que entre los detenidos hay personas con condiciones médicas graves como hipertensión, diabetes, problemas cardíacos, cáncer y afecciones renales. Franco también destacó que aproximadamente seis mujeres permanecen detenidas por los mismos cargos. La abogada Fuentes ha planteado que se presume que la plana obrera fue utilizada como chivo expiatorio, siendo responsabilizados trabajadores de bajo rango por acciones atribuibles a personas de posiciones superiores, en un caso que ha generado considerable preocupación en los círculos de derechos humanos venezolanos.
Fuente: Infobae America — Ver nota original
