Las familias de ciudadanos españoles encarcelados en Venezuela han expresado su profunda indignación ante lo que consideran un abandono por parte del Gobierno español. Las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre la protección de ciudadanos españoles han generado reacciones airadas entre los familiares de los presos políticos que permanecen en las cárceles del régimen chavista. Estos ciudadanos llevan años encarcelados sin pruebas válidas, muchos de ellos bajo confesiones obtenidas mediante tortura, mientras que el Gobierno español mantiene un silencio que los allegados consideran vergonzoso e incompatible con la defensa de los derechos humanos.
Entre los casos más emblemáticos destaca el de Jorge Alayeto Bigott, quien lleva casi nueve años preso en Venezuela tras ser condenado a treinta años sin una sola prueba lícita. Según su familia, fue torturado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar y su caso está cubierto por la Ley de Amnistía, con el recurso ya admitido en la Corte de Apelaciones y los plazos legales vencidos. También permanece encarcelado Fernando Noya desde 2020, acusado de participar en el desembarco de Geedón, un intento fallido de acabar con la dictadura. Las familias subrayan la desigualdad de trato: España se movilizó rápidamente por sus ciudadanos detenidos en Israel, pero mantiene una pasividad llamativa respecto a los españoles cautivos en Venezuela.
Actualmente hay al menos cinco presos históricos hispanovenezolanos en las cárceles chavistas. Además de los mencionados, se encuentran María Auxiliadora Delgado Taborsky, detenida desde 2019 por ser hermana de un militar rebelde; Daniel Medina, acusado de disparar contra un agente durante una manifestación; y Karen Hernández, encarcelada por presunto vínculo con participantes en el desembarco de Geedón. Todos ellos cumplen penas en instalaciones penitenciarias donde las torturas y los malos tratos son sistémicos, especialmente en el Rodeo 1, considerado el mayor centro de torturas de América Latina.
La desesperación de las familias aumenta ante la reciente apertura de las autoridades chavistas, que esta semana han prometido la excarcelación de aproximadamente trescientas personas. Los allegados de los presos españoles ven esta oportunidad como la última esperanza de que Jorge Rodríguez y su hermana Delcy incluyan a los ciudadanos españoles entre los liberados. Sin embargo, el silencio del Gobierno español genera dudas sobre si existirá alguna gestión diplomática real para que nuestros compatriotas sean considerados en estas liberaciones y regresen finalmente a casa tras años de cautiverio injustificado.
Fuente: El Mundo — Ver nota original
