Familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos en Venezuela realizaron una manifestación silenciosa este miércoles en Caracas, dirigiéndose hasta el Ministerio para el Servicio Penitenciario para exigir justicia por las muertes de detenidos ocurridas bajo custodia estatal. La marcha fue convocada en respuesta a la muerte del preso político Víctor Quero, cuya muerte fue informada por el Gobierno el 7 de mayo tras 16 meses de denuncias sobre su desaparición. Según Andreína Baduel, miembro de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, el objetivo principal es "denunciar lo que sigue pasando en Venezuela" y exigir la destitución del ministro Julio García Zerpa, a quien acusan de ser "cómplice de la tortura y la violencia".
La muerte de Quero adquiere mayor significado tras el fallecimiento de su madre, Carmen Teresa Navas, quien estuvo denunciando la desaparición de su hijo durante más de un año y falleció el pasado domingo. Según la ONG organizadora, con la muerte de Víctor Quero ascienden a 27 los presos políticos fallecidos bajo custodia del Estado desde 2014, ninguno de los cuales ha recibido "justicia verdadera". Aurora Silva, esposa del recientemente excarcelado Freddy Superlano, enfatizó que el objetivo de la manifestación es seguir visibilizando la situación de los detenidos por motivos políticos y lograr su liberación.
La manifestación se caracterizó por su carácter silencioso y simbólico. Los manifestantes caminaron desde Plaza Venezuela hasta las instalaciones del ministerio sin gritar consignas, portando carteles con fotografías y nombres de presos políticos. La mayoría de los asistentes se colocaron cinta adhesiva negra en los labios como símbolo de silenciamiento y represión. En el centro de la procesión, los familiares cargaron un ataúd de cartón que llevaba inscrito los nombres de todos los presos políticos que han fallecido bajo custodia estatal, una poderosa representación visual de la tragedia.
Al llegar a la sede del ministerio, los manifestantes finalmente alzaron la voz en coros que demandaban "ni un muerto más", "que cierren los centros de tortura" y exigían la remoción del ministro. Baduel entregó una carta oficial dirigida a García Zerpa en la que reclaman su renuncia inmediata, argumentando que su gestión ha estado "manchada de sangre". En el documento, los familiares de las víctimas advierten que si el funcionario conservara "un poquito de respeto por sí mismo y un poquito de compasión por las víctimas", la decisión más sensata sería su dimisión del cargo.
Fuente: Infobae America — Ver nota original
