Las autoridades venezolanas exhumaron el viernes el cuerpo de Víctor Hugo Quero Navas, un preso político cuya muerte fue reconocida oficialmente por el Gobierno el jueves pasado, luego de nueve meses de silencio estatal. El procedimiento se realizó en un cementerio del sureste de Caracas con la presencia de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (CICPC), que iniciaron una investigación en marzo tras enterarse del caso a través de redes sociales. La coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón confirmó que la madre del fallecido, Carmen Navas, estuvo presente durante el proceso de exhumación.
Víctor Hugo Quero Navas fue detenido el 1 de enero de 2025 bajo cargos aparentemente vinculados a su pasado institucional, específicamente por haber prestado servicio militar en 2023, según reportó la ONG Foro Penal. Su madre denunció reiteradamente durante meses la detención y desaparición forzada de su hijo, pero la confirmación oficial de su muerte llegó apenas el jueves pasado mediante un comunicado del Ministerio del Servicio Penitenciario. El comunicado indicó que Quero fue recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025 y trasladado a un hospital el 15 de julio tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron profunda preocupación por la independencia del proceso investigativo. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló que la comisión investigadora debería haber estado integrada por investigadores independientes, preferiblemente de carácter internacional, en lugar de depender únicamente de autoridades estatales. El Observatorio Venezolano de Prisiones condenó que Carmen Navas, una mujer de más de ochenta años, se haya visto obligada a reconocer a su hijo bajo circunstancias que evidencian lo que describen como la crueldad de un sistema capaz de desaparecer personas y silenciar la verdad.
Tras la exhumación, los restos de Quero Navas fueron trasladados en una carroza fúnebre escoltada por funcionarios del CICPC y la Defensoría del Pueblo hacia otro cementerio en el sureste de Caracas, adonde la prensa no tuvo acceso. El caso se suma a una creciente preocupación internacional sobre desapariciones forzadas y muertes bajo custodia en cárceles venezolanas, con la Fiscalía ordenando ahora una investigación para identificar los responsables del prolongado ocultamiento de información a la familia.
Fuente: Infobae — Ver nota original
