Autoridades venezolanas excarcelaron este martes entre 17 y 20 presos políticos recluidos en el Centro Penitenciario Yare II, ubicado en el estado Miranda. Los liberados forman parte del caso conocido como Pdvsa Obrero, y muchos de ellos laboraban en la refinería de Amuay, en Falcón. El reencuentro con sus familiares, quienes aguardaban afuera del penal, fue emotivo, con abrazos y lágrimas de alegría. La noticia causó sorpresa en muchos allegados, especialmente en aquellos provenientes del interior del país.
Alfredo Romero, directivo de la organización no gubernamental Foro Penal, confirmó la verificación de al menos 13 excarcelaciones hasta el mediodía del 19 de mayo. Los liberados permanecen bajo medidas restrictivas de libertad que les imponen obligaciones significativas: deben presentarse ante los tribunales en Caracas en un plazo de 72 horas y cumplir con reportes mensuales mientras continúa su proceso judicial. Esta liberación parcial refleja un patrón de excarcelaciones graduales que se registran en diferentes centros penitenciarios del país durante 2026.
Organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que la situación sigue siendo grave, ya que aún permanecen detenidas al menos 85 personas en los centros penitenciarios de Yare y El Rodeo por el mismo caso. Las detenciones de este grupo se iniciaron en 2024, después de que los trabajadores petroleros presentaran denuncias sobre las precarias condiciones laborales en la industria petrolera venezolana. El caso Pdvsa Obrero involucra la detención arbitraria de más de 170 trabajadores acusados de sabotaje y corrupción, cuando en realidad exigían mejoras salariales para sus familias.
Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial del gobierno sobre los términos exactos de estas medidas de liberación. Según registros de derechos humanos, al menos 119 personas permanecen detenidas en centros penitenciarios del país, mientras que sus familiares continúan exigiendo el debido proceso legal y la libertad total de los afectados. La comunidad internacional mantiene vigilancia sobre estas acciones de excarcelación, que podrían indicar un cambio en la política penitenciaria del gobierno.
Fuente: Efecto Cocuyo — Ver nota original
