José Manuel García Sabino, ingeniero industrial de 31 años, fue encontrado sin vida ahorcado en la noche del sábado en el calabozo de la Policía Municipal de Anaco, estado de Anzoátegui, a 400 kilómetros de Caracas. El ex concejal chavista permanecía detenido desde marzo tras realizar denuncias sobre irregularidades en la gestión municipal, incluyendo la supuesta venta ilegal de chatarra y otras corruptelas en la alcaldía de su municipio. Su detención fue ordenada por el alcalde Jesús Ríos y los concejales Edgar Torres y Jean Caraballo, quienes le acusaron de estafa presumiblemente en represalia por sus denuncias.
García Sabino ocupó cargos legislativos de importancia como miembro de la Comisión de Economía Productiva y de Participación Ciudadana, donde se empeñó en la adecuación de los locales del mercado municipal. El exfiscal Zair Mundaray, actualmente en el exilio y reconocido por denunciar crímenes del sistema represivo bolivariano, calificó el fallecimiento como otro crimen de Estado que requiere investigación urgente del Ministerio Público. La oposición local ha exigido que la investigación sea inmediata y transparente.
Esta muerte se produce cuando Venezuela aún intenta procesar el caso de Víctor Hugo Quero, preso político cuyo cadáver fue desenterrado el viernes para practicarse autopsia. Quero, vendedor informal de pantalones, fue detenido ilegalmente el 1 de enero de 2025 por agentes encapuchados de la DGCIM, permaneciendo desaparecido hasta que el gobierno reconoció su muerte en prisión tras estar enterrado en julio. Su madre, Carmen Navas de 82 años, lo buscó sin éxito en cárceles, hospitales y comisarías durante meses antes de obtener respuesta oficial.
Según el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales, estos crímenes elevan a 31 la cifra de muertes de presos políticos bajo custodia del Estado venezolano. Quero sufrió torturas durante su cautiverio en centros clandestinos y en la temida cárcel del Rodeo 1, considerada el mayor centro de torturas del continente. Estos casos reflejan un patrón sistemático de represión política y vulneración de derechos humanos en Venezuela.
Fuente: El Mundo — Ver nota original
