La Audiencia Nacional española ha iniciado una operación judicial para localizar a catorce miembros de ETA que se encuentran refugiados en Venezuela, aprovechando el cambio político reciente en el país sudamericano tras la caída del presidente Nicolás Maduro en enero de 2026. El juez Francisco de Jorge ha enviado una comisión rogatoria a las autoridades de Caracas solicitando información sobre estos fugitivos, entre los que destaca Iñaki de Juana Chaos, considerando que la nueva administración venezolana liderada por Delcy Rodríguez podría colaborar en su localización.
La decisión judicial se fundamenta en que el cambio político en Venezuela "permite inferir una colaboración" de las nuevas autoridades para encontrar a estos etarras. Según la resolución del 19 de mayo, algunos de estos miembros de ETA tienen reclamaciones judiciales pendientes por atentados cometidos en los primeros años de la democracia española. Hasta ahora, el gobierno venezolano anterior había rechazado todas las peticiones de extradición alegando que estos fugitivos estaban amparados por un convenio bilateral firmado en los años ochenta.
La lista de buscados incluye a José Luis Eciolaza Galán, Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, María Artola Echeverría, Ángel María Lizarbe Oses, Luis María Olalde Quintela, José Ángel Uriz Zabaleta, Arturo Cubillas Fontán, Javier Urruti Imaz, Asunción Arana Altuna, Juan José Aristizábal Cortejarena, Manuel Asier Guridi Zaloña, Jesús María Huerta Fernández e Ignacio Echevarría Lanzábal. El juez pretende determinar la participación de estos individuos en la integración de una organización terrorista dentro de una causa abierta en 2024 contra el autodenominado Colectivo de Huidos Políticos Vascos, donde ya figuran otras siete personas imputadas desde hace un año.
La investigación se basa en un informe de la Guardia Civil del 25 de septiembre que vinculaba a estos etarras con el EIPK, descrito como un órgano subordinado al aparato político de ETA que realizaba seguimiento de los miembros dispersos en terceros países, proporcionándoles asistencia jurídica y económica, además de mantenerlos bajo control. El magistrado busca establecer el grado de responsabilidad de cada uno en estas actividades organizativas.
Fuente: El Pais — Ver nota original
