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La anulación de las elecciones municipales de parte de la Junta Central Electoral es un hecho sin precedentes en la historia democrática del país que ha provocado una crisis política de difícil solución legal y que obligará a pactos políticos a un liderazgo enfrentado en rudas acusaciones sobre la responsabilidad del fracaso comicial.

La oposición adelantó denuncias ante delegados internacionales sobre debilidades y vulnerabilidades tecnológicas y abusos de uso de recursos del Estado de parte de funcionarios oficiales e incluso advirtió sobre un supuesto plan peledeista de caotizar el proceso para “mantenerse en el poder”. El PLD apoyaba a la Junta y el uso del sistema automatizado e imputaba a la oposición temor a una  derrota.

Ayer, después de la suspensión oficial el PRM afirmó que se encaminaba a “contudente victoria”, pese a que las boletas del PRM y la oposición no aparecían cargadas en el sistema en más de un 80 por ciento de los equipos, concluyendo en que la JCE ha fracasado. Reclamó todo el peso de la ley a quienes hayan propiciado “este grave daño a la democracia dominicana”.

El PLD, luego de una reunión de su Comité Político, que encabezó el presidente Danilo Medina, declaró que hubo un sabotaje al proceso con participación de “sectores internos de la JCE”. Imputó irresponsabilidad y falta de autoridad a la entidad y precisó que sus miembros cedieron a presiones de Abinader.

La Fuerza del Pueblo realizó una reunión de su alta dirección e informó que anoche a las 10 pm el líder de la organización, expresidente Leonel Fernández fijaría la posición oficial en una alocución televisiva.

Por más radicales que sean las posturas iniciales de los actores políticos, estarán abocados en breve tiempo a sentarse a la mesa de negociaciones, quizás, y eso es lamentable, con mediación extranjera para posibilitar la realización de las elecciones municipales suspendidas ayer.

Hay obstáculos constitucionales y legales que salvar que obligarán a un pacto propio de las crisis políticas del siglo pasado.

La Constitución fijó la fecha de las elecciones municipales y en le Ley de Régimen Electoral no se otorga facultad a la JCE para anular los comicios, sino a las juntas municipales en colegios impugnados, con sentencia en firme del Tribunal Superior Electoral. (La JCE anunció “suspensión” figura que no existe). Suponiendo que “se busque una vuelta ” , quedarían 30 días para nuevos procesos, mientras el nivel municipal jura el 24 de abril. ¿Y las impugnaciones?

Ocurre que la credibilidad de la JCE está cuestionada y ya hay sectores que piden la renuncia de sus miembros, pero los suplentes son peledeístas o muy cercanos al partido de gobierno y el Senado, que controla el PLD, es que elige a los integrantes del órgano. Ese camino pudiera resultar peor.

El voto automatizado ha quedado eliminado y habría que montar un proceso con  voto manual, cuyo escrutinio se cuestiona, además de las sospechas del uso de una aplicación para la transmisión de datos.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

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