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EntornoInteligente | Precisiones necesarias sobre la Inquisición

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En su Constitución de 1224, el emperador establecía que el hereje auctoritate nostra ignis judicii concremandus, o sea que el hereje “había de ser quemado en virtud de nuestra autoridad”. Al romano pontífice no le quedaba otro remedio que apartar al poder secular de los asuntos religiosos y dejar clara la distinción entre las dos espadas, en el sentido escolástico de tener cada una todo lo necesario para cumplir sus fines. Una con la autoridad, el otro con el poder

Se ha vuelto a publicar el Malleus maleficarum, Martillo de las brujas, popular libro del que se han hecho infinidad de ediciones desde la primera, en 1486. Ha sido ocasión para volver a dar pábulo a toda una serie de fantasías en torno al Tribunal del Santo Oficio: millones de asesinatos, torturas, hogueras, confiscaciones… Sin embargo, en la mayoría de los casos son falsas.

La Inquisición fue un tribunal creado en 1231 por Gregorio IX para inquirir o investigar los casos de herejía. Su objetivo era la reconciliación del hereje con la Iglesia y, de esta forma, conseguir la salvación eterna.

Para poder entender lo que fue la Inquisición, hay que comenzar por su origen. Sin herejías no hay Inquisición. Sin embargo, herejías ha habido desde el principio de la Iglesia. Hasta el siglo XII, las herejías en el mundo occidental no habían merecido sanciones materiales de la Iglesia, y hasta el siglo XIII no se creó un tribunal especial. El castigo de la herejía era cosa del Estado. ¿Por qué surgió en aquel momento?

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En primer lugar, las herejías de esta época tenían un carácter diferente a las anteriores. El problema dogmático que planteaban era de menor importancia que el problema social. Los herejes a los que combatía la Inquisición actuaban mancomunadamente, clandestinamente, con el fin de socavar los cimientos de la sociedad. En muchos casos constituían ejércitos, asaltaban iglesias y robaban, asesinaban, incluso a los legados pontificios o a los inquisidores, como san Pedro de Verona.

Este asesinato dio lugar a una bella historia que nos muestra cuál era el comportamiento de la Iglesia con respecto a los herejes arrepentidos . San Pedro fue hasta su conversión cátaro. Su asesino, Carimo da Balsamo, se arrepintió tras su crimen y se confesó con el prior del convento de Forli de los dominicos, la misma orden a la que pertenecía el asesinado. Allí fue acogido y allí murió en olor de santidad. Hoy se lo venera como beato.

La principal y más peligrosa secta herética de la época fue la de los cátaros. Su doctrina era de tipo maniqueo; partía de la dualidad radical entre el espíritu, bueno, y la materia, mala; planteaba la eliminación de la Iglesia como institución, la desaparición del matrimonio, aunque admitía el concubinato, pues no tenía como fin la procreación; condenaba los juramentos, con lo cual suprimía toda posibilidad de celebrar contratos y de realizar operaciones económicas. Muchos nobles, sobre todo en el sur de Francia, enseguida vieron el potencial que esto representaba para incrementar sus posesiones a base de apropiarse de los bienes de la Iglesia.

El hereje al que perseguiría la Inquisición era, por tanto, alguien que se ponía abiertamente en contra de la Iglesia y de la sociedad. Nunca la Iglesia persiguió la conciencia. Siempre mantuvo el principio de que los asuntos de conciencia no los juzga el juez ni el pretor: de internis non judicat praetor neque Ecclesia. Por tanto, l o que buscaba el inquisidor era el restablecimiento del orden : reintegrar al seno de la sociedad a aquellos que se habían separado de la Iglesia y socavaban la autoridad del Papa y, por consiguiente, las bases que mantenían la cohesión social.

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La Iglesia se esforzó en la conversión de los lugares donde la herejía albigense se había propagado. Allí predicaron, entre otros, san Bernardo y santo Domingo, aunque sin mucho fruto. Estalló entonces una guerra civil entre católicos y albigenses, de extrema violencia por ambas partes.

Las autoridades seculares, por su parte, se habían encargado de reprimir a los herejes ya desde la época de Diocleciano , quien no solo persiguió a los cristianos, sino también a los maniqueos. Aquellas leyes pasaron a los códigos de los pueblos bárbaros y, con el resurgir de las herejías violentas, entraron nuevamente en vigor durante los siglos XII y XIII y fueron usadas por los tribunales de los diversos señores.

El Papa tuvo que establecer un tribunal que dependiese de él para mantener la libertad de la Iglesia, y de esa forma dio la seguridad de un proceso justo.

Como dice monseñor Douais, la Iglesia tenía la obligación de proteger al hereje y, por ello, la de sustraerlo de las violencias a las que estaba expuesto , es decir, a los actos de salvajismo de la población y a la confiscación arbitraria de sus bienes por un juez secular al servicio de un señor avariento. La Iglesia no tenía otro medio de protegerlo que perseguir ella misma el delito de herejía.

Pero, además, la Iglesia tuvo otra razón de peso para establecer el Tribunal del Santo Oficio. Era aquella una época turbulenta en la que se debatía, en última instancia, quién tendría la autoridad: el Papa o el emperador. Asunto grave, pues en él se decidía el carácter del Estado. O se caía en un Estado despótico tendente al totalitarismo si triunfaban el emperador y los reyes, o se establecía un Estado respetuoso con la Iglesia y, por consiguiente, con la conciencia de los individuos, con mínima capacidad de intervención, tanto en sentido despótico como en sentido estructural.

En la Inquisición, la tortura servía como medio para acelerar el proceso, pero nunca como medio de prueba

FACEBOOK TWITTER El emperador del momento, Federico II, él mismo probablemente agnóstico, representaba la idea que iba a cobrar tanto vigor en la Edad Moderna: el sometimiento de la Iglesia al Estado. Federico II se atribuía la plenitud del poder y el origen divino de su autoridad. Proclamaba que “el sacerdocio y el Sacro Imperio tienen el mismo origen divino y la misma significación”. Doctrinas todas estas sumamente peligrosas para la libertad de la Iglesia y totalmente contrarias a la doctrina tradicional. La intención del emperador estaba clara: asumir tanto la potestad civil como la autoridad religiosa, y para ello deseaba presentarse como el máximo defensor de la Iglesia por encima del Papa.

En su Constitución de 1224, el emperador establecía que el hereje auctoritate nostra ignis judicii concremandus, o sea que el hereje “había de ser quemado en virtud de nuestra autoridad”. Al romano pontífice no le quedaba otro remedio que apartar al poder secular de los asuntos religiosos y dejar clara la distinción entre las dos espadas, en el sentido escolástico de tener cada una todo lo necesario para cumplir sus fines. Una con la autoridad, el otro con el poder.

El proceso estaba condicionado por el fin de la Inquisición, que no era otro que el de la Iglesia, el mismo que el de su Divino Fundador: “No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores a penitencia”. La misión de la Iglesia es la conversión de todos los hombres, porque Dios no quiere que se condenen, sino que se salven.

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Por eso, el proceso se iniciaba con la predicación del edicto de gracia, que llamaba a todos a arrepentirse y concedía un tiempo para acudir espontáneamente al inquisidor, y “si piden perdón, conseguirán gran perdón y misericordia”, como dice el Directorio del inquisidor Eymerich.

Venía después el interrogatorio del acusado. En él, el inquisidor seguía intentando que el presunto hereje dijese la verdad . Para ello utilizaban diversos medios, entre los que se hallaba la tortura, uno de los elementos que más reprobación originan y que más hacen volar la imaginación.

La tortura tenía su origen en las leyes romanas. En el siglo XIII volvió a recuperarse el derecho romano, al que se admiraba profundamente, el cual establecía la tortura para delitos como la lesa majestad y el robo. La herejía se consideraba crimen de lesa majestad divina y un robo a las almas. Por eso, Alejandro IV permitió la tortura en los procesos inquisitoriales, pero, siempre, “sin llegar al desmembramiento ni a la muerte”.

La tortura era potestad del brazo secular y nunca de los inquisidores , puesto que el derecho canónico establecía que “a aquellos que han de ocuparse de los sacramentos del Señor, no les está permitido promover juicios de sangre o criminales”, como recoge el decreto de Graciano.

La tortura servía como medio para acelerar el proceso, pero nunca como medio de prueba. Esta debían conseguirla los inquisidores buscándola a partir de los testigos o por otras vías, puesto que en los cánones se recogía que “la confesión no debía ser forzada sino espontánea, pues toda confesión que se hace por necesidad no es confiable”. Las Partidas, de Alfonso X el Sabio, lo expresaban así: “Para que la confesión que fuere fecha en juicio es menester que la faga de su grado et non por premia”.

Lo de los 9 millones de brujas quemadas fue un invento de G. Voigt, en el siglo XVIII, y fue difundido por la propaganda nazi

FACEBOOK TWITTER La tortura era retrasada por el inquisidor todo lo posible, pues, como decía Eymerich en su Directorio: ” Las torturas son engañosas e ineficaces, pues algunos son tan flojos de ánimo que con la más leve tortura lo confiesan todo, aunque sea mentira, y otros, por el contrario, son tan pertinaces que por más que se los torture no se obtendrá la verdad “. Por todo ello, la tortura se aplicó poco. En el Languedoc, zona plagada de herejía y donde actuó con empeño la Inquisición, solo se registran tres casos de tortura.

Las condenas, obviamente, dependían de la gravedad del delito. Habitualmente solían ser penitencias como llevar cruces o hacer peregrinaciones. En algunos casos la pena era la cárcel, que solía durar poco tiempo y, además, había muchos permisos de salida para convivir con la familia por diversas razones. Otra pena era la confiscación de los bienes del reo. Se ha repetido que la Inquisición utilizó este recurso para ampliar las riquezas de la Iglesia. A este respecto hay que decir que lo obtenido fue escaso, sobre todo para la institución eclesiástica. Los inquisidores, las más de las veces, eran miembros de órdenes mendicantes que vivían en la pobreza y no deseaban riquezas. Los obispos tuvieron que recurrir en muchos casos a otorgar indulgencias para poder cubrir los gastos del tribunal, pues las cajas estaban vacías. El inquisidor Pedro Fabri, franciscano, le comunicaba al Concilio de Basilea que no podía asistir a dicho concilio “por la indecible pobreza que estoy pasando”.

La pena máxima era la muerte. Esta no era aplicada por la Iglesia, pues los sacerdotes no podían realizar ejecuciones. La Iglesia, después de haber realizado todos los esfuerzos posibles para la conversión del acusado, lo relajaba, o sea, lo entregaba al brazo secular de acuerdo con la ley de los príncipes, como recogía Eymerich: “Abandonamos a N. como hereje al brazo y juicio de la curia secular, rogándole afectuosamente que modere su juicio y su sentencia sin llegar a la muerte ni a la mutilación de sus miembros”. A veces se ha señalado esta expresión como el colmo del cinismo, pues se consideraba que todos los jueces condenarían al reo a la hoguera. Sin embargo, esto no tenía que ser así y este ruego de los inquisidores tenía todo el sentido. El juez secular no estaba obligado a condenar a muerte al hereje.

Ahora bien, cuando se conmutaba la pena de ejecución, la inferior era arrancar la lengua al condenado. Por ello el inquisidor pedía que “se le conservase la vida y los miembros intactos”. Entonces, el juez secular podía aplicar la pena inferior, que era la confiscación de bienes, para lo cual, además, tenía el aliciente de que pasasen estos a la caja del príncipe, fuese señor, rey o emperador. Es muy posible que esta fuese la sentencia habitual, pues de la administración de los bienes de los herejes nos ha quedado abundante testimonio.

¿Y las brujas? En el imaginario popular y aun en el erudito, a las hogueras de la Inquisición las acompañaban la caza de brujas y su quema. Ahí está el Malleus maleficarum para confirmarlo, y también los 9 millones de brujas quemadas por la Inquisición… ¿O no? L o de los 9 millones de brujas quemadas fue un invento de G. Voigt, en el siglo XVIII, y fue difundido por la propaganda nazi.

La auténtica caza de brujas tuvo lugar, sobre todo, a partir de la década de 1560 hasta finales del siglo XVIII, coincidiendo justamente con el neopaganismo del Renacimiento y con la Reforma Protestante. No obstante, a partir del siglo XVI la Inquisición dejó de funcionar en el norte de Europa. Solamente se mantuvo la Inquisición moderna en España, Portugal e Italia. Aquí, las cifras de que disponemos para personas quemadas por ser brujas son las siguientes: 59 en España frente a 25.000 en Alemania. Sin embargo, personajes como Newton, Bacon, Locke y Hobbes, por hablar solo de británicos, creían a pies juntillas en su existencia.

La Inquisición, siguiendo un método empírico y mucho más racional, consideraba que el fenómeno no se debía a hechos reales, sino a sugestión colectiva. Así lo pudieron establecer los inquisidores cuando estudiaron el caso de las famosas brujas de Zugarramurdi, histeria colectiva originada en la parte francesa de la frontera por la actuación del juez De Lancre.

Con respecto al Martillo de brujas, la junta suprema de la Inquisición recomendaba a los inquisidores en 1538, y lo volvió a recordar en 1614, lo siguiente: “Estad advertido de no creer todo lo que dice Malleus maleficarum, porque lo relata como cosa que vio y averiguó y la materia es de calidad en que él pudo engañarse como los otros”.

Concluyo con las palabras del investigador danés G. Henningsen, que ha estudiado en profundidad el tema: “La Inquisición se mostraba blanda con las brujas. Tan blanda que, considerado con la mentalidad justiciera de un europeo del norte de Europa, debió de resultar un escándalo. La historia nos demuestra algo muy diferente: la Inquisición fue la salvación de miles de personas acusadas de un crimen imaginario”.

Actuó así la Inquisición, por católica. O sea, por creer en la razón o, mejor, en el Logos.

AGUSTÍN ANDRÉS IRAZOLA

Especial para EL TIEMPO

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