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La certificación, que implica una auditoría externa que verifique su cumplimiento, debe complementarse con una eficiente investigación de los casos denunciados y la pertinente sanción. (O)

Los estándares de lo aceptable en la administración de los recursos públicos han ido cediendo hasta llegar a escuchar en algunos sectores de la población una especie de justificación ante prácticas corruptas que debieran ser rechazadas tajantemente.

“Robó, pero hizo” suelen espetar quienes no logran desvirtuar pruebas de que tal o cual político se valió de su cargo para obtener coimas o réditos mientras tales obras o contrataciones terminaron costando muchísimo más dinero del precio real.

Es así que los noticiarios reportan a diario más casos de tráfico de influencias, sobornos y otros perjuicios que desfavorecen a un amplio grupo de personas mientras unos pocos se enriquecen y, de ser procesados, en su mayoría fugan.

Durante el presente gobierno se intenta instituir el Sistema de Gestión Antisoborno (Sisgas) en las entidades públicas, para que haya más instancias de rastreo de responsabilidades y se puedan realizar denuncias codificadas.

La adopción de la norma ISO 37001 en Ecuador permitirá definir un nuevo enfoque para fortalecer las estrategias nacionales contra la corrupción. Según el portal del Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), ente técnico que es miembro de la ISO (Organización Internacional de Normalización), la adopción de esta norma no garantiza que no existan sobornos en el futuro, pero puede proporcionar herramientas y sistemas para reducir en gran medida ese riesgo y ayudar a las organizaciones a afrontarlo de manera eficaz si se llegaran a producir.

El Ministerio de Economía y Finanzas, que supervisa el presupuesto estatal de 35.000 millones de dólares al año, obtuvo la certificación en enero pasado. Otras instituciones que también cuentan con la certificación son el Servicio de Contratación Pública (Sercop), la Prefectura de Pichincha y la empresa estatal Petroamazonas.

La certificación, que implica una auditoría externa que verifique su cumplimiento, debe complementarse con una eficiente investigación de los casos denunciados y la pertinente sanción. (O)

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