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El caso de Talamanca tiene mucho de caricatura. Su cuarta posición entre las municipalidades con mayores salarios contrasta con la pobreza de los habitantes, el puesto 80 (penúltimo) en el índice de desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el segundo lugar en el ranquin de desigualdad y una de las peores calificaciones en el índice de gestión municipal elaborado por la Contraloría General de la República

La Municipalidad de Talamanca es autónoma y está exenta de la regla fiscal cuando dispone de recursos «propios». En uso de tan amplias facultades y en cumplimiento de diversas leyes, el Concejo retribuye a sus funcionarios con mucha generosidad. En algunos casos, los salarios no tienen rival en la Administración Pública.

Talamanca es una de las comunidades más pobres del país; sin embargo, su alcalde gana ¢5,6 millones, es decir, ¢800.000 más que el presidente de la República. Parece excesivo, mas no tanto cuando se considera el sueldo de un encargado de maquinaria pesada en la municipalidad. En abril del 2020, ese salario llegó a ¢4,6 millones, claro está, incluido el pago de horas extraordinarias. Ese ingreso está ¢200.000 por debajo del asignado al mandatario, aunque supera en más de dos veces y media el del ministro de Hacienda (¢1,7 millones).

El mismo ayuntamiento se distingue por tener la secretaria mejor pagada del régimen municipal, con un sueldo promedio de ¢2,6 millones, pero otra funcionaria, en el mismo puesto, gana ¢501.000. El contador privado mejor pagado de todas las municipalidades (¢4,2 millones en promedio) también trabaja en Talamanca, mientras su homólogo de Atenas gana ¢480.000. Al parecer, en Talamanca las cuentas son complejas, porque también hay una contadora pública remunerada con ¢4,1 millones.

En suma, los salarios no guardan relación con el resto de la función pública ni con la remuneración de puestos similares en otras municipalidades. Tampoco hay coherencia en el propio Concejo de Talamanca. El ayuntamiento explica las disparidades y excesos como consecuencia de «diversos pluses», muchos de ellos incorporados a la convención colectiva.

El caso de Talamanca tiene mucho de caricatura. Su cuarta posición entre las municipalidades con mayores salarios contrasta con la pobreza de los habitantes, el puesto 80 (penúltimo) en el índice de desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el segundo lugar en el ranquin de desigualdad y una de las peores calificaciones en el índice de gestión municipal elaborado por la Contraloría General de la República.

Pero Matina, con el más bajo indicador de desarrollo, paga los salarios promedio más altos del régimen municipal (¢1.394.776) y Quepos aparece de quinto en la lista, con ¢927.809, apenas ¢3.492 menos que Talamanca. No obstante las disparidades y el alto monto de los salarios promedio en muchos otros ayuntamientos, Talamanca destaca como ejemplo insuperable de la urgencia de una ley de empleo público sin la pretendida excepción municipal y sin otras salvedades.

El caso de Talamanca destaca entre muchos ejemplos a mano para desacreditar el argumento de la supuesta desigualdad creada por el proyecto de ley. Vista a la luz de las planillas de los gobiernos locales, en particular el de Talamanca, la objeción suscita una sonora carcajada. Las desigualdades existen en toda la Administración Pública, son graves y más bien acreditan la urgencia de la ley, entre cuyos objetivos está la equidad. El texto no la impone de golpe porque implicaría una súbita e incosteable erogación, pero establece la ruta para conseguirla: los salarios menores al global crecerán hasta alcanzarlo, de conformidad con las reglas vigentes. Los superiores se mantendrán mientras el global los alcanza a ellos.

La experiencia de Talamanca, singular por el grado de abuso, pero no única, es un manual para los legisladores. Los excesos e inequidades son enormes en el todo el Estado, en cada una de sus ramas, en el seno de las instituciones y hasta en los despachos que las componen. Contrastan con las necesidades y aspiraciones de la comunidad, desacreditan la institucionalidad y se deben a causas confesadas con toda candidez por los propios funcionarios municipales: «Diversos pluses», muchos de ellos incorporados a las convenciones colectivas. No podría haber mejor plan de trabajo.

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