Los fugitivos de la justicia internacional encuentran en Venezuela un doble atractivo: un blindaje constitucional absoluto que prohíbe la extradición de nacionales, y un sistema penal impune con el que los criminales foráneos pueden pasar desapercibidos Con una impunidad casi absoluta y el peor sistema de justicia del mundo según el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, Venezuela parece el destino ideal para los fugitivos. Además del quiebre del Estado de Derecho, las particularidades de nuestra legislación resultan atractivas para quien busca enconcharse, sea nacional o extranjero. Si un venezolano comete un hecho punible en el extranjero y regresa al país, puede ampararse bajo el Artículo 69 de la Constitución, el cual prohíbe expresamente la extradición de nacionales. En ese caso, el proceso de investigación y de juzgamiento debería ser asumido por el sistema penal local, solicitando la cooperación del país donde ocurrió el delito, de acuerdo con Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela (UCV). «Eso se hace a través de la colaboración internacional entre tribunales y fiscalías. Esa persona es llevada a juicio en Venezuela en las diferentes etapas, pero para eso se necesitan los recaudos del país donde se haya cometido el delito, porque allá es donde están los testigos, los elementos sometidos a experticia que pueden determinar si esa persona es culpable o inocente», detalla el especialista. Por ejemplo, los venezolanos implicados en la muerte de Yulixa Toloza, ciudadana colombiana que falleció por una cirugía estética en un local clandestino de Bogotá, no pueden ser procesados en Colombia, pese a las solicitudes de la Fiscalía General de dicho país. De haber sido capturados en el país vecino, la historia sería otra, pero deben responder ante la justicia en el territorio nacional. El problema de fondo, advierte Izquiel, es que los pasos de esa colaboración internacional para procesar a los fugitivos no está
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
