La pérdida de la independencia judicial, la provisionalidad masiva de jueces y el uso del derecho penal como herramienta de persecución política, convirtió la transformación del sistema de justicia en una condición ineludible para el restablecimiento de la democracia y la seguridad jurídica en el país. Caracas. La reactivación de los espacios de diálogo político, y la discusión sobre la renovación de los poderes públicos, dejó nuevamente en el centro de la agenda nacional la urgencia de renovar y transformar el sistema de justicia antes de cualquier giro político o electoral. Tanto los políticos, como las organizaciones de la sociedad civil, y los académicos insisten en este cambio como una necesidad, vista la “instrumentalización” del sistema judicial para validar acciones del Ejecutivo, ocultar la corrupción y perseguir a la disidencia. El empleo del sistema judicial como “un brazo ejecutivo” del chavismo es ampliamente denunciado. En entrevista con Crónica Uno, la abogada penalista y académica, Magaly Vásquez, aseguró que en el país se instauró, hace años, el “derecho del enemigo”, en el que se emplea la justicia como un mecanismo de persecución del adversario. Y aunque un cambio requiere pasos que van más allá de elegir un nuevo Tribunal Supermo de Justicia (TSJ), este es un buen comienzo. Crónica Uno seleccionó algunos aspectos que permiten entender los nudos críticos que ahogan la administración de justicia en Venezuela y por qué su transformación es un paso ineludible. Foto: Crónica.Uno El valor de la justicia El sistema de justicia es el pilar del Estado de Derecho. Actúa como el árbitro imparcial que frena los abusos de poder y protege los derechos ciudadanos. La Constitución de 1999 estableció que los jueces deben ser autónomos, independientes y titulares en sus cargos. De hecho, en el artículo 254 se consagra la independencia del Poder Judicial y se establecen los parámetros para garantizar la imparcialidad de los juzgadores. Sin embargo, cuando este sistema se fractura y no se sigue el debido proceso, que consagra la propia Constitución en su artículo 49, se pierde la seguridad jurídica, se ahuyenta la inversión privada y los ciudadanos quedan en completa indefensión frente a las arbitrariedades del Estado. Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Provea, denuncian de forma reiterada que los tribunales y los órganos de justicia en Venezuela operan sin la autonomía necesaria, lo cual impide una separación real de poderes. En múltiples informes indicaron que el sistema de justicia no investiga de manera efectiva las denuncias de torturas, tratos crueles ni las irregularidades cometidas por cuerpos de seguridad del Estado. La provisionalidad en la carrera judicial Uno de los daños más profundos al Poder Judicial ocurrió a partir de 2003, cuando se suspendieron los verdaderos concursos públicos de oposición para el ingreso y ascenso de los jueces bajo el argumento de que resultaban onerosos. La abogada Magaly Vásquez advirtió que la consecuencia directa de esto fue la instauración masiva de la provisionalidad, en detrimento del artículo 255 de la Constitución, que establece la obligatoriedad de los concursos públicos como garantía de “idoneidad y excelencia” para el ingreso a la carrera judicial. Una persona que no tiene estabilidad laboral “difícilmente puede ser autónoma, independiente e imparcial”, ya que al no ser titular, basta con una decisión administrativa para dejar sin efecto su nombramiento y removerla del cargo de forma discrecional, explicó. El TSJ en la cúspide de la crisis La cúpula del sistema judicial, el TSJ, arrastra vicios estructurales severos denunciados ampliamente. Los tribunales venezolanos aplican un «test de laboralidad» para discernir si una relación es genuinamente freelance. Foto: cortesía @TSJ_Venezuela Durante años se implementaron procesos de selección y reformas legales que no cumplían con los extremos constitucionales, lo que convirtió al propio poder en juez y p
Fuente: Cronica Uno — Ver nota original
