La explosión ocurrida el 15 de mayo en la Planta Lamargas, ubicada en el Lago de Maracaibo, dejó un saldo de una persona fallecida y cinco trabajadores heridos. El operador Jorge Rivera perdió la vida en el incidente, mientras que los demás afectados se recuperan de sus lesiones. A pesar de la gravedad del suceso, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ha mantenido un silencio sobre las causas del accidente, generando múltiples interrogantes entre la población y los familiares de las víctimas sobre las circunstancias que llevaron a la tragedia.
Según expertos y fuentes internas de la industria petrolera, el accidente se atribuye fundamentalmente a la falta de mantenimiento e inversión en infraestructura y medidas de seguridad. El ingeniero Evanan Romero, quien cuenta con más de 50 años de experiencia en la industria petrolera y se desempeñó como viceministro de energía y minas entre 1996 y 1999, señala que esta negligencia responde a la corrupción generada por la operación de "empresas fantasmas" o "de maletín". Según Romero, estas empresas fueron autorizadas por personajes clave del gobierno como Álex Saab y Delcy Rodríguez, quienes han permitido su operación sin fiscalización adecuada.
La Planta Lamargas es operada conjuntamente por Pdvsa y Concord Resources Corp, conocida como Concord Gas, una de estas empresas cuestionadas. Romero señala la imposibilidad de obtener información verificable sobre esta compañía: fue constituida en Hong Kong, pero carece de transparencia respecto a sus verdaderos propietarios y operadores financieros. Al realizar búsquedas en internet sobre Concord Gas, no aparece información relevante, lo que llevó al ingeniero a catalogarla como una "empresa fantasma" o "empresa de maletín" que oculta operadores políticos y financieros cuya identidad prefiere mantenerse en secreto.
Romero advierte que aproximadamente el 40% de la producción de Pdvsa está controlada por empresas fantasmas, siendo Concord Gas solo una de aproximadamente 29 compañías de este tipo que operan en Venezuela. Critica que este modelo actual contrasta con prácticas anteriores donde los procesos de licitación revelaban legalmente la identidad de los interesados. Estas empresas extraen flujo de caja de la producción petrolera sin retornar recursos para las operaciones, generando un esquema que prioriza el enriquecimiento privado sobre la inversión y el mantenimiento crítico de la infraestructura petrolera nacional.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
