La familia Ferreira llegó a Venezuela huyendo de la guerra en Europa y fundó Universal C.A., una empresa dedicada a la confección de uniformes y ropa de trabajo que se consolidó como referencia del sector textil. La compañía, fundada el 3 de diciembre de 1957, acumulaba 65 años de actividad ininterrumpida en el mercado venezolano cuando su principal accionista fue detenido por las autoridades.
El 9 de septiembre de 2022, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar detuvieron a Héctor Mario Ferreira Domingues, empresario luso-venezolano, y lo enviaron al Internado Judicial Rodeo II en Miranda. Las acusaciones se apoyaban en la versión de un supuesto "patriota cooperante" y en fotocopias de comprobantes que pretendían vincular a Universal C.A. con Monómeros Colombo Venezolanos S.A. Las autoridades sostuvieron que existían operaciones irregulares, facturas falsas y un esquema de legitimación de capitales, aunque desde el inicio la familia y su defensa insistieron en que se trataba de un montaje construido con documentos que carecían de coherencia comercial básica.
La trama incluyó también a Francisco Paparoni, sobrino político de María Teresa de Ferreira y trabajador del área de ventas de la empresa, quien fue relacionado de manera falsa con el dirigente político Carlos Paparoni por compartir el apellido. Bajo juramento, Paparoni sostuvo ante el tribunal que no tenía contacto con ningún familiar de ese nombre. Ferreira negó cualquier vínculo con Gina González de La Hoz, mencionada en el caso como supuesto contacto de Monómeros, y aseguró categóricamente que Universal C.A. nunca realizó operaciones con esa compañía colombo-venezolana.
A pesar de que la defensa demostró que las cuentas bancarias citadas no pertenecían a la familia Ferreira, que las facturas físicas no se correspondían con los originales de la empresa, y que los supuestos pagos de Monómeros nunca existieron, Héctor Mario Ferreira fue condenado y permaneció privado de libertad durante tres años y siete meses. El caso representa un ejemplo de cómo la maquinaria judicial fue utilizada para intentar apropiarse de una empresa privada exitosa mediante acusaciones infundadas.
Fuente: La Patilla — Ver nota original