Elecciones, una emergencia nacional - EntornoInteligente
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El anuncio hecho por el Gobierno de que va a admitir la inclusión de la figura de un «relator», a modo de notario o mediador en las conversaciones que mantenga con el separatismo catalán, es mucho más que una cesión de Pedro Sánchez al independentismo. Es un insulto a la inteligencia de todos los españoles y una dejación de sus funciones como presidente del Gobierno que exige elecciones con urgencia.

Incluir esa figura hace presuponer la existencia de un conflicto a nivel internacional entre dos entes o Estados de un mismo rango jurídico, cosa que en el caso de Cataluña y España no se produce en absoluto. Sánchez incurre en una superación de facto de la Constitución con el único objetivo de garantizarse el apoyo del separatismo a su proyecto de Presupuestos del Estado, lo cual no deja de ser un humillante ejercicio de supervivencia y de aferramiento al poder. De algún modo, Sánchez vuelve a poner a España en almoneda y legitima una figura absolutamente innecesaria para dar satisfacción al secesionismo con una sumisión vergonzante. Apurando, lo más irrelevante de todo es la retórica del lenguaje o la nomenclatura. Matizar, como hizo ayer el Gobierno, si se trata de un relator, un mediador o un «coordinador» de las reuniones entre Sánchez y la Generalitat, es inocuo. Lo ofensivo y verdaderamente trascendente, incluso a efectos jurídicos, es el fondo.

Dar categoría política a esta figura mediadora supone rasgar la Constitución, asumir una condición impuesta por Torra que debería ser inaceptable, y colocar a la nación española en plano de inferioridad moral a la hora de reivindicarse como soberana frente quienes pretenden fracturarla. Al Gobierno de los 84 escaños no le ha bastado con dejar abandonado a su suerte al magistrado instructor del golpe del 1-O; no le ha bastado con ridiculizar a la Abogacía del Estado para que retirase la acusación por rebelión; no le bastó con legitimar como interlocutor a un huido como Puigdemont, o con cuestionar la medida de prisión provisional de los encausados. Tampoco le bastó con insinuar que tras una hipotética condena no tendrá reparo alguno en indultar a los golpistas, ni con denostar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ahora el Gobierno vuelve a perder una batalla crucial para la credibilidad internacional de España, en la medida en que un «relator» se identifica con un mediador entre dos partes iguales en conflicto. El de Cataluña es más que un conflicto político. Hay una exigencia de cumplimiento de la legalidad que es insoslayable, y la vulneración flagrante del Código Penal tiene consecuencias.

LINK ORIGINAL: ABC de España

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