El régimen de Venezuela confirmó este jueves la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, quien falleció el 24 de julio de 2025 por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar. El anuncio llegó nueve meses después de su deceso y más de un año después de su desaparición forzada, según informó el Ministerio de Servicios Penitenciarios. Este reconocimiento tardío evidencia nuevamente las prácticas opacas del sistema penitenciario venezolano frente a las familias de detenidos.
Quero Navas, de 51 años, fue arrestado el 3 de enero de 2025 bajo cargos de terrorismo, siendo excluido de la amnistía impulsada por Delcy Rodríguez. Su madre, Carmen Navas, lo buscó incesantemente sin lograr verlo durante su detención y sin recibir información oficial sobre su paradero. Para finales de abril de este año, la ONG Foro Penal registraba que llevaba más de 15 meses desaparecido, mientras su madre manifestaba desesperación: "Ya hace un año, seis meses que no he sabido ni una sola vez de él".
De acuerdo con el comunicado oficial, Quero fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo en Caracas tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo. El régimen argumenta que el preso "no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal", justificando así su inhumación formal el 30 de julio de 2025. Sin embargo, esta versión contrasta con el relato de su familia sobre la búsqueda infructuosa y la falta de acceso a información.
Este caso refleja una problemática sistemática en Venezuela donde numerosas familias permanecen meses sin noticias de sus seres queridos tras su detención, visitando cárceles en vano en busca de información. Las autoridades penitenciarias mantienen la opacidad en torno a los detenidos por razones políticas, limitando significativamente el contacto familiar y dificultando que los allegados puedan enviar mensajes o recibir actualizaciones sobre el estado de salud de los prisioneros. Organizaciones defensoras de derechos humanos como Foro Penal continúan documentando estos casos como evidencia de las violaciones al debido proceso en el país.
