El ‘GPS’ de la lista ‘negra’ - EntornoInteligente
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Como en un tablero de ajedrez, en el país las piezas fueron cayendo de a poco. Los peones, las torres, los caballos, la reina… pero el rey sigue de pie. Y la partida continúa. Ha sido larga. El punto álgido llegó en octubre de 2017, cuando el exvicepresidente Jorge Glas fue arrestado en Guayaquil tras haber sido vinculado al caso de corrupción Odebrecht. A partir de ese momento, se desplomaron, uno tras otro, los políticos y exfuncionarios , sobre todo del gobierno del expresidente Rafael Correa. Quedaron fuera del tablero. Y este Diario recopiló los nombres y la ubicación de cada uno de ellos: la lista de los 29 procesados, detenidos y prófugos (véase en la infografía).

Sin un destino común, muchos, ya condenados , han pasado de las cárceles de Guayaquil a Quito, de Latacunga (Cotopaxi) a Cuenca, a Ambato… Y así. Esto porque en Ecuador no hay una prisión para políticos y exfuncionarios que han sido sentenciados por casos de corrupción, como los que ahora nos traen a colación: Odebrecht, Singue, Sobornos 2012-2016… ¿Debería haber una?

En Ezeiza (Argentina), por ejemplo, han destinado uno de los siete módulos del Complejo Penitenciario Federal para que los políticos y empresarios salden sus deudas con la justicia. En Perú, ya en 2014, según el portal El Estado Mental, había la intención, al menos, de crear una prisión para funcionarios políticos corruptos tras el desmantelamiento de la trama del gobierno de Alberto Fujimori. La idea fue del arquitecto Alonso Toledo. Y el objetivo: “Contribuir a la regeneración moral de un país”.

En Ecuador, sin embargo, no hay un pabellón o centro de privación ‘exclusivos’ para que los políticos y exfuncionarios corruptos cumplan sus sentencias. Es por eso que, por ejemplo, Jorge Glas está en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Cotopaxi. A 48,3 kilómetros de allí, Carlos Pareja Yanuzzelli , exministro de Hidrocarburos, paga su pena en el CRS de Ambato. Otros están en Cuenca, Guayaquil, Quito… ‘regados’ en el país.

Pero… en la capital, en el sector de El Condado , se levanta una casa ‘amurallada’ de cemento y rejas metálicas. Está rodeada de locales comerciales y restaurantes. Afuera, una unidad de la Policía móvil vigila las 24 horas, los siete días de la semana. Dentro, los hombres pagan sus condenas. A ese lugar le llaman la Cárcel 4 de Quito. Y a pesar de que fue ‘concebida’ para ‘hospedar’ a policías y militares que han cometido algún delito (y que no pueden estar junto a un delincuente común), por allí han pasado ‘huéspedes’ políticos y exbanqueros: Fernando Aspiazu, extitular del Banco de Progreso; los expresidentes del Ecuador, Fabián Alarcón y Lucio Gutiérrez; el conocido capitán Vinicio Luna. Y más.

De la lista de los 29 hay algunos que también han pisado aquel centro, como Pareja Yanuzzelli, Álex Bravo, exgerente de Petroecuador… y hasta el mismísimo Jorge Glas, quien, luego, fue trasladado al CRS de Cotopaxi. Él no comparte celda con cualquiera. Está apartado de los pabellones de máxima, mediana y mínima seguridad (como lo comprobó EXPRESO durante un recorrido por el centro en abril de 2019).

Pero Glas, sentenciado a seis años por el caso Odebrecht y aún a la espera de la audiencia preparatoria de juicio en el caso Singue, ha insistido en volver a la Cárcel 4. Y fue solo hace unos meses, en julio pasado, cuando su abogado Eduardo Franco Loor “exigió” que el exvicepresidente fuera trasladado a la ‘cárcel de los policías’ porque supuestamente su vida corría peligro ante los amotinamientos ocurridos, después de que el Gobierno declarara, en mayo de 2019, el estado de excepción en el sistema de rehabilitación social del Ecuador.

La semana pasada, Luis Chiriboga , expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y sentenciado por lavado de activos, quedó en libertad. Pero antes pasó por el CRS de Cotopaxi y terminó en la cárcel de Ambato. En su momento, la organización Mochica Sumpa pidió al entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos y Cultos, Ernesto Pazmiño, que lo trasladara a la Cárcel 4. No pasó. Quien sí tuvo suerte fue David Piña, sentenciado por la muerte de Karina del Pozo. A él lo trasladaron luego de que estuviera seis años en CRS de Cotopaxi, esto después de que la Corte de Justicia de la misma provincia acogiera el pedido de la defensa, alegando falta de seguridad en Latacunga.

¿Qué la vuelve tan ‘apetecible’? Lo explica el penalista y asambleísta alterno, Luigi García. “Fue concebida como una casa especial de prevención de los procesados. No es un centro de rehabilitación, porque no cumple con los estándares de seguridad”. Y tiene su historia: “Fue entregada en comodato al Ministerio de Justicia… han pasado por allí políticos, personalidades, que de alguna forma han estado cumpliendo autos de prisión preventiva y sentencias”, señala el legislador.

Dice que visitó el centro en esta semana. “Pregunté a la directora cuántos internos había y hasta ayer (lunes) eran 34”. Y ratifica: fue creada para “hospedar policías”, pero posteriormente se “transformó en un hotel penitenciario para políticos corruptos”. Allí dentro, según el asambleísta, los privados de libertad “tienen acceso a televisión, beneficios en torno a la alimentación y otros que no gozan los demás reos”. Por eso propone que dentro de los mismos centros de rehabilitación social se construyan “pabellones especiales”.

Lucio Gutiérrez , expresidente del Ecuador y quien pasó por el expenal García Moreno (en el pabellón de máxima seguridad) y luego por la Cárcel 4, no está de acuerdo.

“Pienso que no debería haber una cárcel especial para políticos, delincuentes de cuello blanco… Tampoco voy a pedir que los traten peor que al resto de privados de libertad, pero sí deberían estar en las mismas condiciones que cualquier preso”. En cambio, para los militares y policías, sí. Asegura que él en ningún momento pidió ninguna consideración especial. Si llegó a la ‘cárcel de los policías’ fue porque en una madrugada unos encapuchados (que luego supo que eran uniformados) entraron a su celda, lo sacaron a la fuerza y trasladaron, cuenta. “Se inventaron, o no sé si sea cierto, que pusieron precio a mi cabeza, 100 mil dólares, para que se organizara un motín”, añade. Por eso, con firmeza, concluye Gutiérrez: “no debería existir para ellos la posibilidad de la Cárcel 4”.

EXPRESO solicitó, a través de un oficio, al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) la autorización para el ingreso a la Cárcel 4 con el fin de realizar un reportaje, pero esta fue negada.

LINK ORIGINAL: El Expreso

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