La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una reforma para elevar de 20 a 32 el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una medida que reabre el debate sobre su impacto presupuestario. La propuesta, impulsada por Jorge Rodríguez Gómez, busca revertir la reducción aplicada años atrás mediante una reforma parcial de la Ley Orgánica del máximo tribunal. Sin embargo, los cálculos preliminares revelan que este incremento generará costos sustanciales en seguridad, transporte y mantenimiento.
La ampliación contempla aumentar de tres a cinco magistrados en cinco salas: Político-Administrativa, Casación Civil, Casación Penal, Casación Social y Electoral, mientras que la Sala Constitucional pasaría a siete integrantes. Mantener una Sala Plena de 32 jueces requeriría no menos de 100 escoltas, aproximadamente cuatro por cada magistrado, además de una flota cercana a 45 vehículos tipo camioneta de alta gama. Bajo estos parámetros, cada magistrado tendría un vehículo asignado, más siete adicionales para la Sala Constitucional y otros para la presidencia del tribunal.
Más allá de personal y vehículos, los gastos se ampliarían considerablemente con mantenimiento vehicular, combustible, armamento y dotación para cada escolta, además de los gastos logísticos asociados como alimentación y otros servicios. En consecuencia, el nuevo esquema no reflejaría un recorte presupuestario para el país, salvo en sueldos y pensiones. El costo total de esta expansión podría convertirse en una carga significativa para el erario público durante años.
Las críticas también cuestionan la seguridad jurídica de la reforma, señalando que diputados omitieron respetar la adscripción de magistrados suplentes por sala específica, lo que vulnera la normativa vigente. Adicionalmente, resulta paradójico que hace años la presidenta interina Delcy Rodríguez cuestionara públicamente el costo de mantener 32 magistrados, cifra a la que ahora se pretende regresar. Este panorama evidencia tensiones entre consideraciones presupuestarias, jurídicas y políticas en torno a la reforma.
Fuente: Infobae — Ver nota original
